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Martín Maliqueo es werken (mensajero) de la comunidad mapuche Longko Purán de Neuquén y fue enviado a la Capital Federal para que los máximos funcionarios públicos se enteren de que, hace un mes, ocho integrantes de su pueblo fueron víctimas de una dura represión con balas de plomo y goma a cargo de 40 policías provinciales que actuaron sin orden judicial. Los agentes balearon a un joven, tiraron gases lacrimógenos “contra niños” y “arrastraron de los pelos” a ancianos de más de 70 años que reclamaban pacíficamente contra dos empresas petroleras por “contaminación ambiental” y “usurpación” de territorios ancestrales. No obstante, el reclamo que comenzó a principios de diciembre del 2004, cuando varias familias cortaron el acceso a las plantas petroleras y de explotación de gas de Repsol YPF y Pionner Natural Resources, continúa.
Las 20 familias de la comunidad Longko Purán viven en un predio de 25 hectáreas, a 20 kilómetros de Cutral Có. Su reclamo data del 2001, cuando Pionner se asentó en sus territorios y avanzó sobre las tierras de un modo particular: “Aprovecharon la época de la ‘veranada’ y avanzaron sobre las tierras”, contó el werken. En esa temporada, la comunidad se retira durante cuatro meses a zonas lindantes con la cordillera a fin de que la pastura para el ganado se recupere mientras utilizan la de otros terrenos más ricos. Luego vuelven. Pero en el 2000, “cuando llegamos, nuestra tierra era una telaraña de caños”, graficó. Ese fue el año en que los gobiernos nacional y provincial concesionaron la explotación hidrocarburífera de los terrenos en favor de Pionner, para que ésta instalara algunos de los 170 pozos que, junto con los de Repsol YPF, se cavaron en las 10 mil hectáreas originariamente mapuches.
Ante esta situación, los mapuches tomaron una decisión: cortar los accesos a las refinerías durante varias semanas. Pero tanto en aquel año como en el 2004 no obtuvieron respuestas satisfactorias. Se reunieron varias veces con el gobernador neuquino, el menemista Jorge Sobisch, y representantes de las petroleras, pero no hubo solución. Como resultado, Pionner presentó una denuncia por usurpación contra el pueblo originario.
Ante la consulta de Página/12, responsables de la empresa se negaron a hablar sobre el tema aduciendo que “el único que puede hablar de esto es el presidente”, dijo una secretaria. El flamante titular de la compañía en la Argentina es Marcelo Guiscardo, quien según la empleada está de viaje. El anterior –al que conocieron los mapuches– era Güimar Vaca Coca. Desde la gobernación neuquina tampoco se respondió siquiera a los pedidos de entrevista de este diario.
Durante sus tres días de estadía en Capital Federal, Maliqueo se reunió con el representante del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Secretaría de Derechos Humanos. El presidente del INAI, Jorge Rodríguez, se comprometió a financiar los honorarios del abogado que represente al pueblo. En tanto que Derechos Humanos pedirá un informe al gobierno provincial sobre la represión de diciembre, porque aún no hay responsables; también quedaron en establecer contactos con la Secretaría de Medio Ambiente para hacer un estudio de impacto ambiental. Aunque –afirman los mapuches– “ya se sabe que el agua para los animales está contaminada. Y cuando la tierra se daña el impacto es ambiental, pero también cultural y social”.
Luego de los golpes y tiros del 28 de diciembre, la comunidad de Cutral Có y Plaza Huincul hizo un escrache a la comisaría 14ª, de cuyas puertas salieron algunos de los que comandaron la represión sin orden judicial. Luego de estos sucesos, Carlos Marifil quedó en sillas de ruedas tras recibir un escopetazo en su pierna mientras defendía a una anciana.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.