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El aborto continúa siendo un importante problema de salud pública en Argentina por las muertes y enfermedades que produce. Si bien la ley lo permite en casos de riesgo para la vida de la madre, raras veces se realiza en estos casos. Desde fines de los ’80 se penalizó en casos de violaciones, algo antes permitido. Ninguna mujer se embaraza para abortar, pero muchísimas se ven forzadas a recurrir al aborto porque fueron violadas o viven en extrema pobreza, o descubren que el feto tiene una malformación que no le permitirá vivir.
Hace 10 años, en Beijing, los gobiernos asumieron el compromiso de disminuir las muertes maternas, asegurar el acceso a métodos de planificación familiar para reducir el impacto del aborto inseguro, atender el post-aborto para evitar su repetición y despenalizar a las mujeres que recurren al aborto inseguro. Cinco años después, en Beijing, los países reiteraron este compromiso y se comprometieron a “garantizar el acceso a atención de calidad de las complicaciones del aborto, incluyendo el asesoramiento y acceso a métodos de planificación familiar, y eliminar las medidas punitivas hacia las mujeres”.
En el país sólo se mejoró el acceso a métodos de planificación familiar desde el 2003, cuando se implementó el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Las muertes maternas no disminuyeron, especialmente entre las más pobres. Y las mujeres pueden ser penadas si se practican un aborto, inhibiéndolas a veces de buscar asistencia ante complicaciones. Necesitamos leyes que amplíen las excepciones a la prohibición y despenalicen a la mujer. Leyes que permitan a quien adopte esta opción no arriesgar la vida. Es también un tema de justicia social, porque hoy las mujeres pobres son las que pagan con su vida la imposición del Estado. Las que tienen recursos para pagar servicios seguros no aparecen en las estadísticas de muerte o enfermedad.
Quienes se oponen a la modificación legal demuestran un grado de intolerancia y coerción incompatible con el pluralismo y la democracia. ¿O acaso debemos no proveer trasfusiones en los hospitales porque para algunos es inaceptable? La ley no puede obligar, pero sí debe permitir a cada uno adoptar sus decisiones sin riesgo de enfermar o morir. Poner voz a las historias ocultas de muchas mujeres es una forma de evidenciar el problema y romper el silencio.

* Médica, Master en Salud Pública. Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.