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El acuerdo de solución amistosa firmado el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el Estado argentino y María Teresa Schnack, la madre de Sergio Schiavini –el joven que murió al quedar en medio de un tiroteo en 1991– incluyó entre sus puntos el compromiso del Gobierno para impulsar reformas en los códigos Penal y Procesal Penal, destinadas a garantizar la transparencia de los procesos cuando se investiguen violaciones a los derechos humanos.
Para concretar las modificaciones, la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas (Cofavi), presidida por Schnack, ya tiene proyectos de ley elaborados que deberán tener el visto bueno de una comisión técnica para que el Estado los presente ante el Congreso. Entre esos cambios, proyectados en el marco del acuerdo, se establece la obligación de realizar autopsias en los casos de muertes violentas. En ellas no podrán participar representantes de las fuerzas de seguridad si hay alguno de sus miembros involucrado. Otro de los puntos que se impulsan tiene como objetivo que los familiares de las víctimas fallecidas en estas circunstancias sean comunicados de que pueden designar un perito de parte previo a la realización de la primera autopsia.
Además, se proyecta introducir la violación de derechos humanos como causal para pedir un recurso de revisión de una sentencia ante la Justicia. En tanto, entre las modificaciones previstas en el Código Penal, se incluyó que para interrumpir la prescripción de una causa bastará con la admisión por parte de la CIDH de una petición por violaciones a los derechos humanos.
En cuanto al tema por la muerte de su hijo, en caso de que la Sala III de la Cámara de Casación Penal bonaerense no haga lugar al recurso de revisión de la sentencia presentado por la Procuración General de la provincia, se conformará una Comisión de la Verdad que investigue tanto la muerte del joven como la acción de la Policía Bonaerense y la de los jueces, así como de todas las causas conexas. Aunque esto no podría incidir sobre la sentencia, la idea es tener un “fallo moral y ético”, según indicó la madre del joven asesinado.
Por último, se constituirá un tribunal arbitral para determinar el monto de la reparación pecuniaria. Estará formado por especialistas en materia de derechos humanos. Uno de ellos será nombrado por la Cofavi, otro será designado por el Estado y un tercero, elegido por ambas partes.
La muerte de Schiavini ocurrió el 29 de mayo de 1991, cuando cuatro asaltantes entraron a la confitería Dalí, de Lomas de Zamora. Al rodearlos la policía, tomaron como rehenes a las personas que estaban en el lugar, entre ellas, Schiavini. El joven fue utilizado como escudo humano y recibió un balazo en la cabeza. Los delincuentes fueron condenados y los policías absueltos. Por eso, otro de los puntos del acuerdo firmado incluye que se estudie la manera de adecuar la normativa vigente en la Argentina a las pautas internacionales para los casos de toma de rehenes.

Informe: Daniela Bordón.