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Por R. K. y A. D.

El interventor en la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Marcelo Saín, firmó anoche la suspensión preventiva de la controvertida empresa Top Air Security (TAS) en las tareas de control de equipajes con rayos X y control de acceso a las zonas restringidas de los aeropuertos. TAS era la compañía que estaba a cargo de la seguridad de SW en tiempos en que se embarcaron las cuatro valijas que contenían los 60 kilos de cocaína detectados en Madrid. Ahora, la PSA hizo un control del trabajo de TAS en varios vuelos y se encontró con que los scanners estaban manejados por personal que no tenía hecho los cursos correspondientes, en algún caso hasta dio datos falsos y, además, se verificó la inexistencia de control en algunas puertas que daban, de hecho, acceso directo a las pistas y a los aviones.
El caso de las valijas voladoras dejó al descubierto un alto grado de vulnerabilidad de los aeropuertos argentinos, en particular el de Ezeiza. El 17 de septiembre habían llegado a Barajas cuatro valijas, con unos 15 kilos de cocaína cada una, es decir con más de la mitad de su contenido ocupado por drogas. Sin embargo, fueron subidas al avión de SW sin problemas, lo más probable es que no hayan pasado por ningún scanner, sino que fueron sacadas por una puerta directamente hacia el avión, salieron hacia España sin que hubiera pasajero de por medio y supuestamente burlaron el control de SW, de la empresa encargada por SW de la seguridad, TAS, de la Aduana y la Policía Aeronáutica Nacional. Más allá del escándalo que produjo el hecho de que parte de la maniobra fuera, según las sospechas, urdida por Walter Beltrame, el hijo del jefe de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto, el presidente Néstor Kirchner resolvió designar a Saín para que en forma urgente ajustara todos los procesos de seguridad.
El diagnóstico que dejó el caso SW es que se vaciaron todos los organismos de control del Estado en Ezeiza para beneficiar a las empresas privadas que operaban allí. No sólo esas empresas realizaban –y realizan– un magnífico negocio, sino que la Policía Aeronáutica había perdido el poder de policía y no verificaba lo que ocurría en el aeropuerto. Saín ordenó una profunda investigación y una revisión de las inspecciones, entre otras, en TAS. El 22 de febrero, por ejemplo, hubo un control del trabajo de TAS en los vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Río de Janeiro, Santiago de Chile y Madrid. En los aparatos de rayos estaban sentados los empleados de TAS con iniciales: M.M., quien carecía de curso de rayos; G.R., quien estaba en la misma situación; G.F., que manifestó tener los cursos, pero se comprobó que era falso, y un supuesto profesor, J.M.M., que informó haber instruido a J.N., pero resulta que J.M.M. no tiene habilitación para ser profesor y “tiene un nivel de idoneidad regular (4)”, según consta en el informe. Simplemente leyendo los archivos, los hombres de Saín descubrieron que similares irregularidades ya se habían producido con personal de TAS. Por último, la resolución de anoche menciona que “se constató que la empresa Top Air Security no ejerció el control de una puerta de acceso desde el sector público hacia el sector restringido, la que se encontraba abierta y sin vigilancia”. En otra palabras, era una vía abierta hacia las pistas y aviones.
Con esta decisión, que cuenta con el visto bueno del ministro del Interior, Aníbal Fernández, la nueva policía aeroportuaria quiere marcar la cancha e indicarle a las empresas privadas que el Estado no delega el poder de policía y que si no se ajustan a las normas de seguridad serán suspendidas. Lo que se trata de revertir es el descontrol que viene existiendo y que llevó por ejemplo a que TAS le brindara servicios de seguridad a trece aerolíneas, pese a que está integrada por dos hombres que habían sido dados de baja de la Policía Aeronáutica y por el hijo del conocido represor y hombre de Yabrán, Adolfo Donda Tigel.