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Las cárceles bonaerenses, que tienen una capacidad máxima de alojamiento para 19.000 plazas, albergan hoy a 25 mil detenidos, según un informe sobre superpoblación carcelaria difundido por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial. Del total de internos, el 96 por ciento son hombres y el 61 por ciento tiene entre 18 y 30 años. El 67,84 por ciento de los presos está por robo y hurto o por tentativa de cometer alguno de esos delitos, el 17,13 por ciento por homicidios y sólo el 0,54 por ciento por secuestro extorsivo, modalidad en boga en los últimos años. El 85 por ciento está procesado sin condena y el 75 por ciento de ellos ni siquiera recibió una pena de primera instancia. El dato tiene un agravante porque la estadística oficial menciona que un 30 por ciento de las sentencias son absoluciones o sobreseimientos. Esto significa que muchos de los presos sin condena terminan siendo inocentes. En el informe se precisa que entre septiembre de 2003 y diciembre de 2004, la secretaría recibió 165 denuncias por casos de torturas o tratos inhumanos.
El titular de DD.HH. de la provincia, Remo Carlotto, asegura en el documento que la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense dispuesta por el gobernador Felipe Solá marcó “el inicio de un proceso de cambio que debe continuar y profundizarse”. Esto es necesario porque “el hacinamiento de personas, los déficit en la atención sanitaria y en la alimentación, la falta de acceso a la realización de actividades laborales, educativas o formativas”, sumado a la “persistencia de las torturas y malos tratos”, derivan en situaciones que “van delineando un sistema en el que se producen graves violaciones a los derechos humanos”.
Las demoras en los procesos se producen sobre todo en los departamentos judiciales de los partidos del Gran Buenos Aires y en La Plata. La secretaría concluye, respecto de una posible salida al hacinamiento, que “el abarrotamiento de las cárceles y las comisarías no se soluciona sólo ni principalmente habilitando nuevas plazas, sino disminuyendo considerablemente el número de personas detenidas”. En ese sentido, se cuestionan las reformas introducidas en el Código Procesal Penal por los legisladores, sobre todo en la época del ex gobernador Carlos Ruckauf, que limitaron las excarcelaciones. Sobre estas medidas se dice que son contrarias “a lo previsto en todos los tratados internacionales” de DD.HH. “que protegen el debido proceso y la presunción de inocencia”.
Los límites puestos a las excarcelaciones “casi han duplicado la cantidad de presos en el sistema en los últimos cinco años”. Se especifica que “se pasó de 13.238 (internos) en abril del año 2000 a 24.858 en el pasado 2004”. Como ejemplo del despropósito se afirma que con las actuales restricciones “el apoderamiento de una bicicleta, aun en grado de tentativa, no haría procedente la excarcelación” del sospechoso. De todos modos, la secretaría deja constancia de que el problema no es exclusivo de la legislación impuesta: “Tampoco los jueces aplican medidas morigeradoras o atenuadoras, que no han sido derogadas, para aliviar la situación de superpoblación que se vive en las cárceles bonaerenses”.
En ese sentido, Carlotto recomienda a los jueces la aplicación de “los mecanismos previstos en el Código Procesal Penal, a efectos de que la prisión preventiva se adecue a los estándares establecidos en la normativa constitucional e internacional de DD.HH.”. A los fiscales se les sugiere que se aboquen “específicamente a la investigación de denuncias contra integrantes de las fuerzas de seguridad, incluyendo las imputaciones de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes contra personas privadas de libertad”. También se exige “la optimización de la base de datos de causas penales por los delitos de torturas y apremios ilegales”.
Además de las cárceles propiamente dichas, se analiza la evolución del número de detenidos en las comisarías, que en el 2000 llegaba a 2100 personas y subió en 2004 a 6300. En las cárceles “la superpoblación supera la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario y promueve un deterioro importante y constante en la infraestructura de las unidades penitenciarias. Las mayores deficiencias se presentan en las unidades más antiguas y en las que poseen un mayor número de detenidos”.
Uno de los datos más alarmantes es el crecimiento del número de muertos por los niveles de violencia a los que llegó el sistema. “En el 2003 fallecieron 179 personas privadas de libertad, 27 de ellas por causas violentas”, mientras que en 2004 “esa cifra subió a 171, con 65 fallecidos por causas violentas”. Por último, en el año en curso, hasta el 22 de febrero inclusive, “se han producido 29 muertes por causas no traumáticas y 17 fueron resultantes de reyertas entre personas privadas de libertad, 3 por aparentes suicidios y 9 por quemaduras”.
Además de las situaciones de violencia y el hacinamiento, en las cárceles se advierte que las áreas de sanidad “carecen de capacidad técnica y material que permita abordar situaciones médicas de alta y mediana complejidad” dado que “sólo se poseen equipamientos comparables con salas de primeros auxilios”. Otro dato preocupante tiene que ver con el consumo de medicamentos. “En las cárceles provinciales se distribuye un promedio de 269.544 pastillas de psicofármacos por mes para poco menos de 25.000 detenidos, lo que habla de un consumo varias veces superior al que se observa puertas afuera de los establecimientos de detención.”
El informe especifica que “el consumo de este tipo de medicación genera adicción” y pone en evidencia que “la obtención de pastillas y los efectos de su consumo suelen generar situaciones de conflicto entre las personas detenidas y entre éstas y el personal. Asimismo son frecuentes las autoagresiones como medio para solicitar la entrega de medicación”. El negro panorama se complica más por “la escasez de psiquiatras en el sistema” ya que ellos “deberían ser los únicos responsables de suministrar este tipo de medicamentos”. Como dramático ejemplo de esa falencia, se menciona que “un solo psiquiatra” tiene la responsabilidad de atender a las poblaciones de siete unidades penitenciarias bonaerenses.