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El embajador de la República Dominicana, Cirilo Castellanos, reconoció ante Página/12 que estaban al tanto del ingreso a la Argentina de “unas 5000 dominicanas y tal vez más”, a través de redes delictivas que les prometían trabajo en casas de familia y después, aquí, las explotaban sexualmente. Pero señaló que no podía hacer nada para evitarlo por no contar con denuncias “concretas”. Así salió al cruce de la acusación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que denunció a la Cancillería en Santo Domingo “importantes complicidades políticas y diplomáticas” en el tráfico de dominicanas hacia Buenos Aires. No obstante, Castellanos y la cónsul, Amanda Cabral, admitieron conocer a una dominicana vinculada al partido gobernante que está siendo investigada por la fiscalía Nº 32 por “amenazas de muerte” y “facilitación de la prostitución”, a partir de la denuncia de cinco mujeres que declararon con identidad reservada y tienen protección de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, de la Procuración de la Nación. Varias de ellas dieron detalles de la supuesta connivencia diplomática. Habría dominicanas secuestradas en cabarets. De un burdel que funcionaba en plena city días atrás fue liberada una muchacha de 19 años, que regresó a su país con la ayuda de la OIM (ver aparte).
Una alta fuente judicial reveló a Página/12 que varias dominicanas relataron que “gente que veían en la pensión”, a la que fueron trasladas al llegar engañadas a Buenos Aires y donde les quitaron el pasaporte, “también la encontraban” cuando iban a la embajada y el consulado de la República Dominicana a pedir ayuda para poder volver a su país. La pensión que mencionan es una ubicada en la calle Carlos Calvo, barrio de Boedo, dirigida por Máxima Pérez Matos, presidenta de la Sección en la Argentina del Partido Revolucionario Dominicano, actualmente en el poder. Ahí mismo tiene su sede la Asociación Mutual de Dominicanos Residentes en Argentina, que también encabeza Pérez Matos. Según reconoció el embajador y la cónsul, la mujer, actualmente investigada por la Justicia, ha sido invitada a participar de varios eventos en la sede diplomática. La cónsul Cabral, incluso, admitió que es madrina de un sobrino suyo, hijo de una hermana de Máxima (ver reportaje aparte).
La llegada de dominicanas al país comenzó a mediados de la década del 90, atraídas por la paridad cambiaria y promesas de trabajos de mucamas, niñeras o cocineras por un salario de alrededor de 800 dólares quincenales. Pero la gran explosión inmigratoria ocurrió en 1998. Según admitió la cónsul Cabral, durante estos años, en la sede diplomática recibieron diversas denuncias verbales sobre la existencia de organizaciones dedicadas al tráfico de mujeres, pero como “no nos daban nombres concreto, ni lugares precisos, porque obviamente estaban amenazadas, no podíamos hacer nada”.
Recién, semanas atrás, el consulado informó a la oficina de la Policía Federal en la Cancillería el caso de una muchacha de 19 años, cuyas iniciales son M.A.R., que dijo ser “víctima del tráfico de personas” y estar atrapada en un burdel que funcionaba en un departamento de la calle Esmeralda 536. La denuncia recayó en la fiscalía en lo Criminal y Correccional a cargo de Marcelo Martínez Burgos y a través de un allanamiento, tres semanas atrás la muchacha fue liberada junto con otras compañeras de penurias. La Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, de la Procuración, se ocupó de reubicarla en la casa de otra dominicana y finalmente el organismo consiguió que la Organización Internacional para las Migraciones le pagara el pasaje de regreso a su país. El interés del consulado por este caso no parece casual. Coincidió con el momento en que el tema del tráfico de dominicanas hacia Argentina estalló como escándalo en la isla caribeña por una serie de investigaciones de diarios locales, por las supuestas vinculaciones políticas y diplomáticas, y obligó al presidente Hipólito Mejía a pagar los pasajes de regreso de 17 mujeres con 8 hijos que estaban varadas en Buenos Aires, en condiciones precarias. Tal como informó ayer Página/12, desde fines de año, la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito está brindando asesoramiento jurídico y ayuda social y psicológica a un grupo de unas quince dominicanas que fueron forzadas aquí a ejercer la prostitución. Cinco de ellas declararon con identidad reservada en la fiscalía Nº 32, que investiga a Pérez Mato, por “amenazas de muerte” y “facilitación de la prostitución”. Para protegerlas, la dependencia de la Procuración les consiguió otras ocupaciones laborales y las reubicó en otras viviendas, porque –según declararon– Pérez Mato amenazó con mandarlas matar con “dos peruanos” si abrían la boca.