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La denuncia fue hecha por una de las menores obligadas a prostituirse. En la madrugada del domingo, personal de Gendarmería Nacional realizó ocho allanamientos en el partido de Malvinas Argentinas. Uno de ellos fue en el cabaret Besitos; los demás en donde se albergaba a las 32 mujeres cuya vida social se limitaba a ese local. Fueron detenidos dos hombres acusados de ser sus regentes, Daniel Grova y Pablo Jonás, mientras que Ricardo Jonás, hermano de este último, se encuentra prófugo. De las mujeres, 27 fueron traídas de Paraguay engañadas: les dijeron que iban a trabajar en un comercio o en una casa de familia. El asunto en realidad venía de familia: Ricardo Jonás padre tenía sus cabarets en Córdoba y Catamarca, hasta que fue detenido porque se proveía de empleadas del mismo modo que sus hijos. Cinco de las chicas tienen entre 16 y 17 años. Una de ellas está embarazada de seis meses, pero era obligada a trabajar todos los días, como sus compañeras. Hace menos de un mes, la ministra de Repatriados y Refugiados de Paraguay, Nicasia Maldonado de Solaeche, había ido a Córdoba para retornar a su país a 34 mujeres que vinieron a Argentina como las 27 de Los Polvorines.
Besitos queda en la Ruta Nacional 7 y Cachay, en esa localidad del oeste bonaerense. De las 32 mujeres cuyo sustento conseguían trabajando para los Jonás, “algunas lo hacían obligadas y otras de común acuerdo”, informó a este diario uno de los gendarmes que participó del operativo. Entre las obligadas, estaban las 15 menores de 21 años. Todas las mujeres llegaron al país porque “iban a trabajar en un local comercial o en una casa de familia”, como aseguraban quienes las contactaban en Paraguay mediante promisorios avisos laborales. Salían por el paso Encarnación-Posadas, en Misiones. Algunas lo hacían “en forma legal, otras en balsa”, aprovechando los escasos controles fluviales. En este caso, hay involucrados funcionarios de la Dirección de Migraciones y policías argentinos acusados de haber recibido coimas. Desde Gendarmería suponen que se encargaron del procedimiento “por presunciones de que hay personal policial involucrado”.
Al llegar, los explotadores sacaban sus documentaciones a las mujeres. Las que se negaban a tratar con los clientes de Besitos permanecían cautivas hasta que accedían. Se las encerraba en los sitios de albergue o en el sótano del local, donde también se filmaban películas porno que las tenían como protagonistas. Entre el material secuestrado, además de estas cintas, hay “montones de documentos de identidad”, indicaron desde Gendarmería. Muchos pertenecen a las chicas obligadas a prostituirse, otros son de mujeres que ya no trabajaban para los Jonás. Según los investigadores, “fueron enviadas a países de Europa, como España”.
Hernán Suazo, vocero de la Fiscalía General de San Martín, afirmó que los detenidos son Pablo Jonás, de 32 años, y Daniel Grova, de 40. Ambos regenteaban Besitos junto al prófugo Ricardo. Grova ya tenía pedido de captura por contrabando desde Paraguay. Por su parte, los Jonás son hijos “del dueño de un local nocturno de Catamarca, que actualmente está detenido por el mismo delito. La familia también es propietaria de otro centro nocturno de Córdoba”, dijo Suazo. Aunque implacables en sus negocios, los Jonás carecían de imaginación para bautizarlos. El prostíbulo cordobés también se llamaba Besitos.
Durante los últimos meses, allí se desbarataron varios locales en los que las mujeres eran forzadas a comerciar su sexo. Uno, Puente de Fuego, se encontraba en Inriville. El otro era el Besitos regenteado por el mayor de los Jonás en Quilino. Quedaron a la deriva 34 mujeres que habían sido traídas a Argentina mediante fraude. A principios de junio, viajó a Córdoba Maldonado de Solaeche, que el 8 de junio pudo repatriar a 19 paraguayas. En esa provincia esperan las 15 restantes, que realizan los trámites para dejar el país. Las 27 mujeres de cuya situación recién se toma conocimiento implicarán más gestiones para la ministra de Repatriados. Los detenidos enfrentan penas de 4 a 10 años por “promoción y facilitación de la prostitución de menores de 18 años y mayores”.

Informe: Sebastián Ochoa.