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Caciques wichís de Salta llegaron ayer hasta la Casa de Gobierno para reunirse con funcionarios del Ejecutivo nacional y reclamarles su intervención en el referéndum decidido por el Estado salteño para que los habitantes del departamento de Rivadavia decidan la entrega o no de tierras ancestrales de pueblos originarios. La respuesta se anticipó al reclamo: la Cancillería, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto de Asuntos Indígenas (Inai) habían enviado el martes una declaración al gobernador Juan Carlos Romero en la que manifestaron su “preocupación” por la consulta popular vinculante debido a “su eventual colisión con los derechos indígenas reconocidos tanto en la Constitución nacional como en la provincial”, según dice el texto.
La reunión entre el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y miembros de Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos fue “buena porque sentimos que no estamos solos y que algunos nos dan la razón”, sostuvo a modo de evaluación el titular de la organización Lhaka Honhat, Francisco Pérez. Con él y otros tres caciques estuvo Andrea Pochak, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que patrocina a la organización indígena. En diálogo con Página/12, la abogada calificó el encuentro como “positivo” porque “el gobierno nacional se ha comprometido a asumir una postura fuerte en el conflicto de los lotes 14 y 55 (de 429 hectáreas), y lo reconoció como un asunto de derechos humanos”.
El referéndum propuesto por el menemista Romero y hecho ley por la Legislatura provincial se sumó al retiro de Salta en una mesa de diálogo internacional sobre el asunto; esta actitud le valió al gobierno argentino un llamado de atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La queja repercutió en la ríspida relación entre la Casa Rosada y Romero y quedó expresada en el documento que sugirió la inconstitucionalidad de la consulta. Fuentes gubernamentales comentaron a este diario que, durante la reunión de ayer, Parrilli manifestó que “conflictos como éstos no se solucionan con una ley ni un decreto”. Lo que no dijo es que la salida del asunto pasa por una decisión política.
Lo cierto es que Parrilli se comprometió a reunirse con los caciques dentro de 15 días para aguardar la reacción salteña. La propuesta dejó “muy conforme” al representante de Lhaka Honhat. Los lotes son de “propiedad ancestral” de los wichís y por ello reclaman un único título de propiedad para ellos, en lugar de títulos individuales, inclusive para los criollos ganaderos que viven en la zona, tal como lo propuso Romero al lanzar el referéndum para el pueblo de Rivadavia, de amplia mayoría criolla.
El pedido de los wichís fue apoyado por 24 comunidades indígenas que ayer anunciaron un evento que abrirá “una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y las comunidades aborígenes: una propuesta de nuevas políticas para un país intercultural”, tal como lo resumió Verónica Huilipan, de la Comisión de Trabajo de Política Indígena. El documento será consensuado durante el Foro Nacional de los Derechos de los Pueblos Aborígenes, del 28 al 30 de este mes, en Misiones. Y es una “respuesta al presidente (Néstor) Kirchner que, en noviembre de 2003, en Bariloche, nos pidió que elaboremos una propuesta de políticas interculturales”, agregó la representante mapuche.

Informe: Adrián Figueroa Díaz