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El juez Roberto Gallardo y el jefe del Gobierno porteño son enemigos naturales. La polémica permanente, un virtual conflicto de poderes, tiene como antecedentes la clausura judicial de dos colegios porteños, del predio de la Sociedad Rural y un pedido similar contra el Casino Flotante, para nombrar los hechos de mayor repercusión pública. Ahora, el juez Gallardo quiere concretar el embargo de más de 1100 millones de pesos que el gobierno tiene depositados en el sistema financiero para pagarle un subsidio de 205 pesos, cada uno, a los hijos menores de 17 años de los cinco mil cartoneros que recorren la ciudad. El objetivo, según el juez, es “promover (con el subsidio) la escolaridad de los menores y evitar el trabajo infantil”. La procuradora de la ciudad, Alejandra Tadei, apelará hoy la medida alegando que de cumplirse obligaría al gobierno “a suspender sus actividades operativas por falta de fondos”. Una fuente oficial sostuvo a Página/12 que la disposición judicial “no puede concretarse porque la ley 25.973 prohíbe el embargo de fondos públicos”.
Más allá de la alegada imposibilidad de hecho, el gobierno porteño presentará hoy su apelación ante el Poder Judicial de la Ciudad. Gallardo dijo ayer que la “indisponibilidad provisional” de los depósitos bancarios dispuesta el viernes pasado por su juzgado tiene que terminar, en estas horas, con el embargo de la suma admitida por las propias autoridades, que llega a 1.112.453.697 pesos. Según el juez, “estos fondos son superávit” de manera tal que, según su óptica, “el gobierno puede seguir funcionando sin ningún problema”, aunque se produzca el embargo. El titular del Ejecutivo porteño, Aníbal Ibarra, sostuvo que el juez incurrió en una “arbitrariedad e irracionalidad sin antecedentes”.
Un vocero del gobierno porteño le aseguró a este diario que “el monto depositado no es superávit sino que son 1100 millones de pesos de fondos operativos para pagar salarios, servicios y otras obligaciones” diarias. “Esos fondos están depositados a plazos fijos programados que se retiran todos los días para garantizar que haya liquidez; los ingresos se producen los últimos diez días del mes y los pagos se hacen efectivos los primeros diez días del mes”, explicó la fuente. Luego de insistir en que se trata de “fondos que sirven para afrontar los gastos operativos diarios”, la fuente oficial insistió en que “por ese motivo están protegidos por la ley 25.973, que prohíbe el embargo de fondos públicos”.
A pesar de los argumentos oficiales, el juez Gallardo dio por sentado que la medida judicial será cumplida. “El gobierno tiene que cumplir porque estudió lo que un chico cartonero gana al mes y ahora la Justicia le ordena la sustitución de lo que gana (por el subsidio de 205 pesos por cada menor de 17 años), ya que está prohibido” el trabajo infantil. “La medida dispone que la contraprestación es que el chico esté escolarizado”, insistió Gallardo. El magistrado, además, le fijó una multa al secretario de Desarrollo Social y vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, de 500 pesos por cada día de demora en el pago del subsidio.
La procuradora Tadei, jefa del equipo de abogados del gobierno porteño, además de apelar la indisponibilidad de fondos, estudia iniciar “una demanda penal contra el juez Gallardo por abuso de autoridad”. La Procuración ya había apelado el primer fallo del juez, del 10 de agosto pasado, que ordenó el pago de los subsidios, pero el magistrado siguió adelante y ahora va por los fondos. “El Banco Ciudad no puede entregar los fondos, porque está prohibido por ley”, recordó una vez más el vocero oficial. La nueva apelación será elevada hoy a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributaria de la Ciudad.
“Con la indisponibilidad de fondos no se podrá cumplir con las obligaciones. El Banco Ciudad no va a poder pagar los cheques librados, va a correr peligro el pago de las obras públicas y de la recolección de residuos, porque todos los fondos son declarados indisponibles”, puntualizó Tadei, quien consideró que el conflicto planteado “tienegravedad institucional” porque el juez Gallardo “está asumiendo la suma del poder público”.
Tadei explicó que, según lo dispuesto por Gallardo “en el registro de cartoneros podría inscribirse cualquiera que habite en la ciudad, en cualquier lugar del país o incluso gente en el exterior, ya que no se piden requisitos. Sólo hay que acreditar hijos menores de 17 años y presentar certificado de escolaridad”. En su fallo, al justificar el pago del subsidio, Gallardo sostuvo que “la omisión gubernamental, la inacción estatal, es (...) el comienzo de la anomia y de la desintegración moral de la sociedad”.