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Orgulloso, posó con la camiseta de Argentina para una revista dominical junto con otros hinchas fanáticos de fútbol que, como él, viajarán a Japón a alentar a la Selección a pesar de la devaluación y los exorbitantes precios orientales. Pero la exhibición de su pasión lo dejó en off side: su ex mujer presentó una medida cautelar urgente para impedirle la salida del país hasta tanto se ponga al día con las cuotas alimentarias de su hija. “La protección del derecho alimentario de la menor seguramente se encuentra por encima del gusto que se pueda dar su padre al ver un partido de fútbol en Japón”, señala el recurso. El juez de Familia Nº 7 Omar Cancela rechazó la presentación: argumentó que la libertad de tránsito es un derecho constitucional y, como tal, no puede obstaculizarse. Mientras la ex mujer apeló la decisión del magistrado, una especialista en derecho de familia recomienda alternativas a la vía judicial, como los escraches, para conseguir que el hombre pague.
Página/12 conoce los nombres de los protagonistas de esta disputa pero los mantendrá en reserva para preservar la identidad de la menor. El hombre, como muchos otros deudores alimentarios “se muestra como una persona insolvente, sin bienes a su nombre y con un exiguo ingreso a través del ejercicio de su profesión en forma independiente”, detalló la abogada de la mujer, Eliana Groisman. Sus frecuentes viajes al exterior para seguir al club de sus amores y al seleccionado nacional, sin embargo, dan cuenta de una abultada billetera. Los estadios de Japón y Corea no serán los primeros que conozca fuera del país. Movido por la pasión futbolera ha viajado en múltiples oportunidades a Estados Unidos, Europa y también a Oriente.
“Están enfrentados dos derechos. La libertad de tránsito se encuentra prevista en nuestra legislación con el mismo rango constitucional que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 3º dispone que las autoridades en todas las decisiones tocantes con los menores tendrán como mira principal el interés superior del niño”, consideró Groisman en diálogo con Página/12.
El fanático no paga la cuota alimentaria de su hija desde marzo, cuando quedó homologado el acuerdo entre los padres. Pero también debe la indemnización de 15.000 pesos que fijó la Justicia en favor de la menor por el daño moral que le ocasionó el hecho de que el hombre sólo la reconoció después del juicio de filiación.
“El incumplimiento además de ser ilícito es inmoral. Dejar de pagar la cuota alimentaria para solventar el fanatismo de un hincha de fútbol es esencialmente inmoral. La Justicia podrá no inmiscuirse en la forma en que los padres gastan su dinero, pero puede y debe ordenar a quien tiene su escala de valores invertida”, argumentó la abogada en la medida cautelar, en la que solicitó que se le prohíba la salida del país hasta que cancele la deuda. Ese tipo de sanción está prevista para los deudores alimentarios en otros países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay y Costa Rica. “Es evidente que de realizar el viaje, el que tiene proyectado, el señor deberá desembolsar una importante suma de dinero, entre el pasaje, la estadía y las entradas para ingresar a los partidos. La medida cautelar solicitada tiende a evitar que dicha erogación se haga hasta tanto no se vean satisfechas las cuotas alimentarias adeudadas”, continúa la demanda.
El viernes, el juez Cancela rechazó el recurso con el fundamento de que “toda persona mayor de edad y capaz en sentido jurídico goza del derecho de salir del país”, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Nacional. Para la abogada Haidée Birgin, especializada en derecho de familia, la decisión del magistrado es correcta. “No se puede pedir la prohibición de un derecho constitucional”, acordó. En su opinión, para combatir a los deudores alimentarios es más efectivo el escrache social, una estrategia que suele usar ella en casos de violencia doméstica paraneutralizar al golpeador: “Si el tipo es fanático de un club, hay que ir a empapelarle la sede con fotos que den cuenta de su deuda, o publicar un aviso con la denuncia en alguna revista de su profesión”.