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Cristian Rey González, condenado por robo y homicidio, se convirtió ayer en el muerto 33 por el incendio en la cárcel de Magdalena. Allí, en el Día de la Madre pasado, una quema de colchones derivó en un trágico incendio en la Unidad 28. Como los demás, González falleció por “un cuadro de intoxicación grave por inhalación de monóxido de carbono que le produjo lesiones en las vías respiratorias”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó ayer al Estado argentino a “garantizar la vida y la integridad personal” de los presos y reclamó una sanción a los responsables de la tragedia.
Ayer, el duhaldismo anunció que tras las elecciones propondrá interpelar en la Legislatura provincial al ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco. Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que “Argentina padece un conflicto severo en cuestión de cárceles” y sostuvo que “la provincia (de Buenos Aires) no es una isla, por lo cual la complicación también la comprende”. La CIDH instó al gobierno nacional a que diga “la verdad sobre lo ocurrido”, porque en las cárceles argentinas hay “factores generadores de violaciones a los derechos humanos”.
El Ministerio de Justicia provincial respondió a un pedido de informes de la Suprema Corte bonaerense para que el gobernador, Felipe Solá, explique las causas del incendio y las acciones del Ejecutivo. Hasta ayer a la tarde la Corte seguía reunida para analizar el contenido. Mientras tanto, los fiscales Marcela D’Gregorio y Sergio Delucis tomaron declaración a testigos para determinar si hubo abandono de persona por parte de los agentes del penal –intervenido por Solá– y los motivos del desenlace mortal. En este sentido, la Comisión Provincial por la Memoria entrevistará a familiares de presos del penal 28 para saber más sobre lo ocurrido en la revuelta. Tratarán de establecer si los penitenciarios fueron negligentes al momento de socorrer los internos. Según una de las versiones, no abrieron las puertas a los que se quemaban.
Pero el jefe de Bomberos Voluntarios de Magdalena, Rogelio Cordal, dijo que “las dos puertas del pabellón estaban abiertas”. Cordal aseguró que llegaron “en diez minutos” al lugar del incendio, y que tenían agua para atacar las llamas. El secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, Juan Manuel Casolatti, había afirmado que los bomberos llegaron “tarde” y que la manguera no tenía presión.