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“Desbaratamos un quiosco de algunos brigadieres”, repetían ayer en la cartera de Defensa. Por orden del ministro José Pampuro, el jefe de la Fuerza Aérea, Eduardo Schiaffino, presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción (OA) contra el brigadier Hernán Daguerre y el comodoro Ricardo Grunert por el libramiento de un cheque sin fondos por 370 mil pesos y los sancionó con treinta y cinco días de arresto. Como presidente y vice de la Fundación Sanidad Aeronáutica (Fusaer), los militares retirados firmaron un convenio con la empresa Geo Salud para proveer de medicamentos a los afiliados de la obra social de los aviadores y emitieron ese cheque en favor de la empresa aunque el convenio no había sido avalado por la fuerza. Página/12 tuvo acceso al expediente de la denuncia en el que aparece una confesión sorprendente: el apoderado de Geo Salud, Eduardo Fernando Kelly, deja constancia por escrito de un pedido de coima por 93 mil pesos mensuales realizado por boca del propio Daguerre (ver facsímil).
En la presentación realizada ante el titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, Schiaffino señala que “con fecha 17 de octubre, el apoderado de la empresa Geo Salud, Eduardo Fernando Kelly, a requerimiento de la Fuerza Aérea y como consecuencia de la formulación de denuncias verbales previas de distinto carácter, las formaliza por escrito bajo expediente Número 5.606.488 (FAA)”. Kelly le escribe a Schiaffino que “según conversación mantenida con el brigadier Daguerre y (Mario Hugo) Pisciotti (N. de R.: presidente de Magister Doctor que realizaría la auditoría externa del negocio), éstos expresan que la finalidad de ese convenio era obtener recursos para repartir, ya que tenían que cobrar veinte (20) personas, entre las que incluye al jefe de la Fuerza Aérea, que solamente él solicitaba 70.000 pesos mensuales en efectivo, y que montos de 23.000 pesos se los llevaban Daguerre y también Pisciotti. Por ese motivo les contesté que no estaba de acuerdo, ya que ellos me habían impuesto un comisionista que es el señor (coronel retirado Nicolás Luis Roberto) Di Ruccio, a través de un convenio que adjunto como anexo 4”.
Kelly se desespera cuando le rebotan el cheque por 370 mil pesos y hace llegar su queja a Schiaffino destacando que Daguerre y Pisciotti “se presentaron como representantes fidedignos de la Fuerza Aérea, haciendo ostentación de contactos de alto nivel, vehículos oficiales y elementos de comunicación propios de una fuerza armada, habiéndome recibido, tanto en el edificio Cóndor (sólo con Pisciotti) como en el edificio de Lade (reuniones con Daguerre y Pisciotti)”.

El anzuelo
La Fusaer se formó en 1995 con el fin de “optimizar en forma independiente y autárquica, los servicios de salud brindados por el Hospital Aeronáutico Central” y los integrantes del consejo de administración son designados y removidos por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Daguerre y Grunert habían sido nombrados durante la gestión de Carlos Rohde, quien fue pasado a retiro en febrero pasado a raíz del escándalo del tráfico de drogas a través de la empresa Southern Winds. En rigor, Daguerre ya en el origen de la Fusaer ocupaba el cargo de vicepresidente.
Schiaffino pidió informes sobre el convenio entre Fusaer y Geo Salud el 10 de septiembre pasado cuando llegó a su despacho un anteproyecto del convenio elaborado por el presidente de esa fundación y la Dirección General de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (Dibpfa) con el objeto de hacer extensivos a la fuerza los términos de ese acuerdo previo. Lo sucesivos dictámenes jurídicos del arma encendieron las luces de alarma que provocaron la denuncia ante la OA.
El documento final elevado al jefe del arma señala que la información suministrada por Daguerre sobre Geo Salud da cuenta de que esa empresa es propiedad de dos accionistas: Eduardo Fernando Kelly (80 por ciento) y Telma Falinsky (20 por ciento), y que Kelly renunció a la presidencia y designó a Laura del Valle Occhiuzzi mientras él se reservó la gerencia general y Falinsky la de compras. Entre las observaciones que llevan a recomendar que no se suscriba el convenio, el informe detalla que:
- A través de la base de datos del Banco Central, Kelly y Falinsky “poseen antecedentes desfavorables de cheques rechazados y deudor moroso”.
- No presentó balances, lo cual resulta lógico ya que la empresa aún no tiene un año de existencia.
- No acredita relación con obras sociales.
- Las constancias de preinscripción del sistema de proveedores y oferentes del Estado nacional son del 20 de mayo del 2005 y de la provincia de Tierra del Fuego del 4 de mayo del 2005.
- No presenta antecedentes similares o equiparables a la relación comercial que el convenio prevé mantener con Dibpba a través de Fusaer (proveedor único de medicamentos).
- El monto total excedería la competencia fijada para el jefe del Estado Mayor General.
Es llamativo el contraste de las observaciones realizadas por los auditores de la Fuerza Aérea con la desesperación demostrada por el brigadier Daguerre en el escrito elevado el 15 de septiembre pasado al director de Bienestar Personal del arma pidiendo la ratificación del convenio. “No existe todavía en el mercado un convenio como el desarrollado por Geo y la Fusaer con 70 por ciento de descuento a los afiliados”, explica, y aclara que “corresponde señalar que la empresa ha incurrido en numerosos gastos para solventar este proyecto, por ejemplo: 18 mil cartillas con listado de Farmacias (depositados en Fusaer), 23 mil pesos de Seguro de Caución desde hace bastante tiempo, personal adicional para funcionamiento de call center”. El brigadier, que ahora cumple prisión, anticipaba que “las demoras ajenas a esta fundación atentan contra el mantenimiento de la oferta y enfrentamos el riesgo de perder esta oportunidad de no concretarse este mes el lanzamiento del proyecto”.
Se ve que acuciados por no perder “el negocio” Daguerre y Grunert firmaron el cheque por 370 mil pesos que fue rechazado por el Banco Nación por falta de fondos. El desesperado relato del titular de la Fusaer despertó más sospechas que complicidades y ahora la OA tendrá que investigar las operaciones de esa fundación creada para “optimizar” los servicios de salud de los aviadores desde hace diez años.