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“En cualquier país, si uno quiere saber quiénes son los marginados, quiénes son las minorías, lo puede ver en las cárceles. En Estados Unidos son los negros y los hispanos; en Australia, los aborígenes; en Europa Central, los gitanos; también los que tienen enfermedades mentales, los drogadictos, los jóvenes.” No es novedoso lo que dice sino quién lo dice. Andrew Coyle fue director de dos cárceles de máxima seguridad en Escocia y de otra también de máxima en Londres. Ahora, pertenece al staff del ICP (Centro Internacional de Estudios Carcelarios), incorporado al King’s College de Londres, y llegó al país invitado en el marco del proyecto Derechos Humanos y Justicia Democrática, de la Embajada de Gran Bretaña en colaboración con el CELS. Coyle recorrió cárceles argentinas acompañado por James Haines, también del ICP y que ocupa el poco habitual (en estas comarcas) cargo de investigador independiente de prisiones en representación de la comunidad.
“Pertenecemos a un instituto que se dedica a los estudios carcelarios en el ámbito de la Universidad de Londres. No somos una ONG, no somos un grupo de activistas, ni tampoco somos funcionarios públicos. Somos un centro de tipo académico.” Coyle hace énfasis en las diferencias, especialmente en destacar la independencia de criterios. “Pero desde el punto de vista académico somos un grupo algo inusual porque antes de entrar al ICP y durante 25 años estuve al frente de cárceles.”
El IPC tiene como eje de sus estudios la cárcel y cuál es el lugar que debe ocupar en un sistema democrático. “Trabajamos sobre las circunstancias y el modo en que debe utilizarse la cárcel –continuó Coyle–. Llevamos adelante muchos proyectos en diferentes países, en Europa Occidental, Oriental, Asia Central, en el sur de Asia, en el Africa subsahariana y también en América latina. Actualmente estamos trabajando en Chile y Brasil, pero con anterioridad trabajamos en Venezuela, Perú y Colombia.”
En pocas palabras, trabajan sobre un sistema racional de utilización de las prisiones en el que los derechos humanos funcionan como marco. “En primer lugar, porque nos parece un buen punto de partida para el diálogo entre diferentes países –dijo el experto–. Analizamos toda la normativa internacional que existe en derechos humanos y contrastamos con la aplicación práctica en el ámbito penitenciario. No estamos analizando un modelo europeo ni latinoamericano. Nos apoyamos en normas internacionales y universales a las que todos los gobiernos han adherido, o sea que partimos de algo que se supone que no está en discusión. Eso nos permite iniciar un diálogo tanto con el sector público como con distintos organismos, en torno de qué significan estas normas y de qué manera se las aplica. Además, comprobamos que es una manera muy eficaz de encarar la administración penitenciaria. Cuando lo conversamos con la gente que trabaja en el sistema penitenciario, la respuesta que nos dan es ‘sí, esto es relevante para lo que yo tengo que hacer como trabajo cotidiano’. Pero también está la posición que entiende a los derechos humanos como derechos para las personas que están recluidas y se preguntan ‘y yo qué, dónde están mis derechos’.”
El programa de actividades de Coyle y Haines incluyó visitas a las cárceles federales de Ezeiza, Devoto y General Roca. Los expertos prefirieron no opinar sobre la situación local. “La cárcel es una institución muy curiosa –dijo Coyle–, muy inusual. Muchos países todavía debaten sobre cuál es el objetivo de la pena carcelaria, qué beneficio le produce a la sociedad la cárcel, quién tiene que ir preso. Pero este debate no existe en ningún lado con respecto a las personas que cometieron delitos muy graves. Prácticamente sin excepción, en todos los países, estas personas van a la cárcel. Pero no son estas personas las que causan el problema de superpoblación carcelaria, no son las que cuentan en elaumento de la población carcelaria porque su número siempre es menor en proporción. En cualquier país, si uno quiere saber quiénes son los marginados, quiénes son las minorías, lo puede ver en las cárceles. En Estados Unidos son los negros y los hispanos; en Australia, los aborígenes; en Europa Central, los gitanos; también los que tienen enfermedades mentales, los drogadictos, los jóvenes. Los países que están mejor son los que hacen menos en términos penitenciarios, buscan menos la cárcel.”
Respecto de Argentina, Coyle hizo una serie de preguntas que, de algún modo, dejan tácita su respuesta. “En los últimos diez años, la población carcelaria se duplicó”. Pregunto: “¿es porque se duplicó el delito?”, “¿es porque la policía se mostró el doble de eficaz en la prevención del delito?”. Voy a dejar las preguntas sin contestar, porque de lo que puedo hablar es del Reino Unido. En el Reino Unido, en los últimos diez años, la población carcelaria aumentó el 70 por ciento y durante ese período se redujo el delito. Los niveles de éxito policial más o menos se mantienen constantes. Entonces, la lección que surge es que el aumento de la población carcelaria no tiene nada que ver con los índices del delito. Sólo quiere decir que la sociedad ha decidido hacer un mayor uso de la cárcel. Si observamos el panorama de Europa Occidental, más o menos los índices de delito son similares. No se puede ser demasiado preciso porque se recopilan las estadísticas de distintas maneras, pero uno puede observar que en países vecinos las proporciones de encarcelamiento son muy diferentes. En general, el indicador que se usa es un número de presos cada 100 mil habitantes. En España están más o menos en 140 presos cada cien mil habitantes. Uno se cruza a Francia y el índice baja a 90. ¿Cómo se explica esa diferencia? Vamos a un ejemplo más extremo: en Estados Unidos hay un índice de 720, es el más alto del mundo. Cruzando al norte, a Canadá, la tasa es más o menos de 120. ¿Cómo se explica esta diferencia? Evidentemente, la cosa no pasa por el índice de delito.
Coyle sostiene que “la pregunta que surge es qué hace un país con los marginados y con las distintas categorías que ya mencioné”.
“No puedo todavía decir nada respecto de la Argentina, pero supongo que es parecido a lo que ocurre en otros países, donde al personal penitenciario se le paga mal, se le da poca capacitación y no son respetados por la sociedad civil. Hay un aforismo que dice que la cárcel es el último gran lugar secreto de la sociedad y los altos muros de la cárcel se construyen para que los presos estén adentro. Pero esos mismos altos muros también mantienen afuera a la sociedad civil. Por eso se necesita transparencia.”
Junto a Coyle se encuentra James Haines, que realiza una función que en Argentina no existe. Es inspector independiente y su trabajo está vinculado a la transparencia sobre la que se refería Coyle.
“Una inspección independiente surge como una función de la sociedad civil –explicó Haines–. Realiza un control externo, un monitoreo de cómo se lleva adelante la cárcel y trabaja sobre un proyecto de apertura a la sociedad de estos ámbitos cerrados. Las personas que participan en las inspecciones tienen derecho de acceso irrestricto a la cárcel y de ingresar a cualquier lugar donde quieran ir. Pero esto conlleva una responsabilidad. Para que se entienda mejor, en cada cárcel de nuestro sistema se forma un comité de inspección. Ese comité está integrado por voluntarios, no son profesionales, son legos, se los busca así para representar a la sociedad. Y tienen la responsabilidad de contar las cosas tal como son. Esto nos lleva al tema de los medios periodísticos. De lo que se trata es de echar abajo esos muros y permitirle a la gente ver cuál es la realidad penitenciaria y que sepa en qué medida su dinero esta siendo bien utilizado o desperdiciado.”