[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

US Navy: go home. Algo así dijeron 230 científicos argentinos que firmaron una declaración donde rechazan la actitud de miembros de la comunidad científica del país, que participan en proyectos financiados por fuerzas militares extranjeras, en particular de Estados Unidos. Se trata de una reacción al hecho, dado a conocer en septiembre por este diario, de que existen en instituciones públicas proyectos de investigación solventados por la Armada norteamericana, lo que provocó un pronunciamiento del Comité Nacional de Etica. Los científicos que firmaron la declaración rechazaron también la posición de funcionarios del Conicet y la Secretaría de Ciencia y Técnica “que, lejos de cuestionar este tipo de comportamiento, impulsan políticas de colaboración con instituciones militares extranjeras” y “estimulan a los profesionales a actuar mercenariamente en pos de financiación”.
Un pedido de informes presentado por la diputada Lidia Puig de Stubrin fue el que inicialmente advirtió que había al menos tres proyectos de investigación en el país financiados por la Armada de EE.UU.: un trabajo de nanotecnología, a cargo de investigadores del Instituto Balseiro; un estudio oceanográfico de la cuenca del Río de la Plata y un proyecto en el área físico-matemática para estudiar redes complejas con vistas a su aplicación en modelos de redes terroristas, en el que trabajaba Lilia Brunstein, de la Universidad de Mar del Plata.
“Un grupo de docentes e investigadores de la Universidad de La Plata discutimos esta noticia que reflejaba hacia la sociedad una idea de lo que estaba pasando en la comunidad científica. La noción de que ‘la ética se termina cuando se acaba la plata’ (pronunciada por una de las investigadoras involucradas, entrevistada por este diario) resultó bastante indignante”, explica el físico Gabriel Bilmes, uno de los promotores de la declaración, que circuló a través de diversos foros y páginas de Internet y terminó recolectando 230 firmas de científicos e investigadores.
La declaración afirma que “los fines, medios y consecuencias del trabajo científico implican una ética y una responsabilidad individual y colectiva, para con la sociedad, que debe estar por encima de los intereses personales y que no puede ni debe estar sujeta al mercadeo de subsidios o a prebendas económicas”. Además, rechaza toda colaboración “en proyectos militares o financiados por instituciones militares extranjeras”, tanto por motivos éticos como porque “en estos proyectos se utilizan recursos públicos, pagados por nuestra sociedad, en beneficio de instituciones, grupos y países, como EE.UU., que pueden utilizar esos resultados para matar y para invadir y someter estados soberanos”.
También discuten la posición de funcionarios como “Jorge Tezón (Conicet) y Tulio del Bono (secretario de Ciencia y Tecnología) que, lejos de cuestionar este tipo de comportamiento, impulsan políticas de colaboración con instituciones militares extranjeras, diluyen la responsabilidad de nuestras instituciones científicas en el control de este tipo de políticas y habilitan y estimulan a estas instituciones y a los profesionales que trabajan en ellas, a actuar mercenariamente en pos de financiación a cualquier costo para los proyectos que desarrollan”.
Según Bilmes, el objetivo de la declaración fue mostrar a la sociedad que en la comunidad científica existen posiciones que cuestionan este tipo de colaboración. “Es verdad que hay gente que no se pregunta para quién trabaja –afirma–, pero lo cierto es que después de Hiroshima no queda lugar para la ingenuidad.”
El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología, a quien se le solicitó un pronunciamiento sobre este caso, recomendó que las autoridades del sector analicen junto con la comunidad científica “la necesidad de distinguir entre las fuentes de financiamiento provenientes de organismosextranjeros y eventualmente limitar aquellas que provengan de fuerzas armadas extranjeras orientadas a la producción de armamento”.