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“Qué tanto se preocupa si al final son indios”, contestó el delegado de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz, al jefe del Escuadrón cuando éste le pidió explicaciones sobre el mal estado de los alimentos que habían llegado para ser distribuidos entre gente de la etnia pilagá, días previos a la masacre poco conocida por la historia nacional denominada “Matanza de Rincón Bomba”. El hecho ocurrió en octubre de 1947 en Formosa y se cobró alrededor de 600 vidas a manos de la Gendarmería nacional. El suceso volvió a la luz cuando el juez Bruno Quinteros ordenó el allanamiento de las instalaciones del Escuadrón de Gendarmería de Las Lomitas de esa provincia, donde posiblemente se encontrarán fosas comunes con los restos de los asesinados. Ayer la Justicia comenzó la búsqueda y encontró restos de un cuerpo que podrían pertenecer a un integrante del pueblo originario.
En junio de este año, la Federación Pilagá interpuso una denuncia contra el Estado por “crímenes de lesa humanidad”. La demanda, presentada ante el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, es por “daño colectivo”, relató a Página/12 uno de los abogado de esa comunidad, Julio García. En ese sentido, agregó que “se presentó una medida cautelar por la fuerte presunción de la existencia de cadáveres. Por eso el juez ordenó el allanamiento de cuatro lugares. Uno de esos es terreno de Gendarmería en la intersección de las rutas 81 y 28, frente a Las Lomitas”.
Los demandantes piden una indemnización por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica”.
La presentación judicial señala que entre el 10 y el 30 de octubre del año 1947 fueron asesinados “entre 400 a 500 argentinos de etnia Pilagá, aproximadamente, además de los heridos y más de 200 desaparecidos”. Los más de 50 muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica y la desaparición de un número indeterminado de niños elevan las bajas a más de 750. Hubo 190 sobrevivientes.
En la presentación se relata que meses antes de los crímenes, más de 7 mil hombres, mujeres y niños pilagás, tobas y wichís caminaban desde Las Lomitas hasta Tartagal, en Salta, tras la promesa de trabajo, pero fueron echados cuando reclamaron que se les pagara lo prometido. Entonces emprendieron el regreso a su lugar de origen. Sin posibilidades de trabajo, mujeres, niños y hombres fueron víctimas del hambre y las enfermedades. Los pobladores cercanos los ayudaron con alimentos y ropa. Pero al transcurrir los días dejaron de hacerlo.
Ante la gravedad de la situación, las autoridades provinciales se comunicaron con el presidente Juan Domingo Perón, quien ordenó, como parte de una ayuda mayor, el envío de tres vagones con alimentos, ropas y medicinas. La carga llegó a la ciudad de Formosa y permaneció en la estación, a la intemperie, diez días aproximadamente.
Finalmente, llegó a Las Lomitas un solo vagón lleno, dos semivacíos, con la mayoría de los alimentos en mal estado por el tiempo transcurrido. Fueron distribuidos y consumidos rápidamente por miles de indígenas que a las pocas horas comenzaron a sentir los síntomas de una intoxicación masiva. Decenas murieron. El jefe del Escuadrón llamó al delegado de la Dirección Nacional del Aborigen para pedir explicaciones sobre las faltas en los abastecimientos y el mal estado en que habían llevado.
Al tiempo comenzó a circular el rumor de un ataque indígena. Gendarmería formó un “cordón de seguridad” alrededor del campamento aborigen. No se les permitió traspasarlo ni ingresar al pueblo. Hasta que en el atardecer del 10 de octubre, el cacique pidió hablar con el jefe del escuadrón. Se concertó una entrevista a campo abierto. En ese momento se escucharon descargas de disparos. El 2º comandante del escuadrón, sin que nadie lo supiera, había hecho desplegar varias ametralladoras alrededor del lugar. Y todo terminó en la masacre. Después comenzó la persecución de los que pudieron escapar, “para que no quedaran testigos”, concluye la presentación judicial.
Ayer, 58 años después, comenzaron las excavaciones “para encontrar fosas comunes”, indicó García. El otro abogado patrocinante, Carlos Alberto Díaz, resaltó que este “hecho busca la verdad histórica para determinar las responsabilidades de quienes originaron esta masacre”. Además, se pide una indemnización en nombre de todo el pueblo y otra parte en solidaridad con las etnias toba y wichí “porque estimamos que es un problema de todos los pueblos de la provincia y de América latina”.
La investigación del episodio comenzó un año antes de la presentación ante la Justicia. Los letrados encontraron datos de la matanza cuando trabajaban en el caso de otra masacre indígena sucedida hace más de 80 años en Napalpí. “Investigando hallamos sobrevivientes. Con olvido y perdón, las heridas no se cierran –estimó Díaz–. Encontramos un temor reverencial a causa de ese hecho que impactó en generaciones futuras de pilagás. Fue difícil que nos dieran acceso.”
Fuentes cercanas a la investigación comentaron que “la Federación Pilagá dio el poder para la presentación en Resistencia, Chaco, y no ante un escribano de Formosa por temor a represalias”.
Los otros tres lugares donde se efectuarán los allanamientos serán en la localidad de El Descanso, a pocos kilómetros de Las Lomitas, cerca de las vías y en el cementerio de la localidad de Pozo del Tigre “donde hubo fusilamiento en las noches posteriores”, narró García.
Por su parte, el juez federal formoseño, Bruno Quinteros, relató a Página/12 que con esta causa “estamos reconstruyendo una parte de nuestra historia. Tenemos que determinar la verdad histórica. Yo me enteré de este hecho con la llegada de esta causa”, y enfatizó: “Tenemos un compromiso con la reconstrucción histórica y con los pueblos”.

Informe: Maria Sol Wasylyk Fedyszak.