Miércoles, 18 de enero de 2006 | Hoy
SOCIEDAD › LA COMISION BINACIONAL POR LAS CELULOSAS, A PUNTO DE FRACASAR
La Argentina rechazó el dictamen del BM y hoy presenta su informe en la comisión. Prevén que no habrá acuerdo. Detuvieron a nueve activistas de Greenpeace en Uruguay. Un nuevo corte de puente.
La resistencia argentina a la instalación de dos plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos tiene una fuerte actividad diplomática. Ayer, el canciller Jorge Taiana envió las objeciones nacionales al borrador del estudio de impacto ambiental elaborado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), el organismo del Banco Mundial que financiaría parte de las inversiones. El estudio “no se ajusta a las propias políticas operacionales de la CFI, especialmente a la política sobre evaluación ambiental”, destaca el escrito elaborado por la Cancillería. Además, la Argentina presentará hoy su propio informe ante la comisión binacional que, según adelantaron a Página/12 fuentes cercanas al ente, “será fuertemente crítico”, lo que hace prever que el dictamen conjunto que debería firmarse hacia fin de mes es una utopía. En tanto, en Uruguay fueron detenidos nueve militantes de Greenpeace que protagonizaron una acción contra las plantas.
Las declaraciones fueron y vinieron de uno y otro lado del Río de la Plata. Pero los papeles membretados y firmados circularon recién ayer. Uno de ellos fue desde el Palacio San Martín hasta las oficinas de la CFI en Buenos Aires: las objeciones del gobierno argentino sobre las plantas de celulosa.
“El borrador de informe de la CFI no analiza métodos de producción libres de cloro y carece de indicaciones para prevenir la contaminación con efluentes líquidos y emisiones gaseosas, ni crea adecuados sistemas de control de las contingencias que puedan suscitarse y que son frecuentes en esta industria”, afirma el escrito, obra de técnicos argentinos.
La producción con cloro es uno de los puntos más cuestionados por las organizaciones ambientalistas, ya que sería la responsable de los malos olores y, sobre todo, porque puede ser reemplazada por métodos limpios.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también critican que la CFI “ignora” la controversia entre ambos países sobre la aplicación del Estatuto del Río Uruguay, según el cual debe haber “un mecanismo de consulta e información previas que un Estado debe cumplir antes de dar curso a una actividad que pueda tener impacto ambiental transfronterizo”. La posición argentina sostiene que “se autorizaron unilateralmente los proyectos, a pesar de los requerimientos reiterados de la Argentina para que se suspenda la construcción hasta tanto pueda determinarse su impacto acumulado transfronterizo”.
Hoy habrá un nuevo paso con más papeles membretados. La Argentina presentará ante la comisión binacional, integrada por representantes de las cancillerías y técnicos de los dos países, un estudio sobre el impacto ambiental de las plantas. “El informe es fuertemente crítico, porque tenemos los argumentos suficientes”, indicaron fuentes vinculadas con la redacción del trabajo.
La misma comisión binacional debería llegar a un dictamen conjunto, consensuado entre uruguayos y argentinos, el próximo 30 de enero. Sin embargo, las diferencias parecen infranqueables. “No hay desde la parte argentina la intención de romper con la comisión, pero si todo sigue como ahora llegar a un acuerdo es prácticamente imposible”, señalan.
El desacartonamiento ante tanta controversia diplomática lo puso ayer una protesta. Un poco en serio, un poco en broma, en Greenpeace decían que hicieron una “visita protocolar” a la planta de celulosa de Botnia, la empresa finlandesa que, junto a la española Ence, está construyendo en Uruguay. Con gomones y helicóptero, un grupo de militantes de la ONG se presentó allí para intentar frenar por algunas horas el emplazamiento de los muelles que empiezan a aparecer en el río y que serán usados por las empresas. “Esa construcción es ilegal porque no está autorizada por la Comisión Administradora del Río Uruguay”, afirmó a este diario Juan Carlos Villalonga, director político de la organización.
Nueve de ellos fueron detenidos por la Prefectura. Los liberaron a las pocas horas porque la empresa decidió no denunciarlos. Desde Gualeguaychú, recibieron el apoyo de la Asamblea Ambiental Ciudadana, que cortó la Ruta 136 hasta que volvieron a la libertad. Cuando regresaron, los vecinos los cargaron en andas y los recibieron como héroes.
Informe: Lucas Livchits.
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