El gobierno británico presentó ayer un plan para combatir la prostitución, cuya principal novedad es la posibilidad de que se legalicen miniburdeles en los que trabaje un máximo de dos prostitutas. El plan, que rescata una larga serie de medidas ya en vigor en la actualidad para disuadir la prostitución en la calle, invita a la policía a aplicar medidas que ya ahora son legales pero no se utilizan, como retirar el carnet de conducir a quienes utilicen el coche para tener sexo pago o nombrar públicamente a los clientes que utilicen los servicios de prostitutas que trabajan en la calle.

La prostitución no es ilegal en Inglaterra y Gales, pero una multitud de medidas dispersas penaliza su ejercicio y en especial su ejercicio a cielo abierto. Encuestas recientes señalan que más del 8 por ciento de los varones londinenses y casi el 5 por ciento en el conjunto del país pagaron por sexo en los últimos 12 meses, pese al limbo legal en que se mueve esta actividad. El gobierno descartó la creación de zonas de tolerancia en las que pueda ejercerse la prostitución a cielo abierto y se inclinó por una política que, sin llegar a regular el sector, procura sacarlo de la calle con el argumento de que así reduce los riesgos que afrontan las prostitutas al tiempo que reduce los problemas que sufren los vecinos cuando la prostitución se ejerce en la calle.

“No puedo aceptar que cerremos los ojos ante un problema que acabaría convirtiendo en miserable la vida de la gente que viva en esas zonas rojas o cerca de ellas”, argumentó la viceministra del Interior responsable del plan, Fiona Mactaggart. “No hay pruebas de que la despenalización o la concesión de licencias para ejercer la prostitución acaben llevando a los objetivos deseados de reducir la explotación y aumentar la seguridad de los afectados y hacer que las comunidades locales sean más seguras”, añadió. Pero se opuso también a la prohibición total de la prostitución con el argumento de que no hay que combatir a las prostitutas sino a quienes se aprovechan de ellas.

El eje de la nueva política, que en realidad ofrece muy pocas novedades normativas, no es tanto perseguir la prostitución cuanto luchar contra quienes se aprovechan de ella y fuerzan a las mujeres a prostituirse. Esos objetivos se han de conseguir reforzando la aplicación de medidas legales que ya existen ahora, como retirar el carnet de conducir a quienes sean sorprendidos más de dos veces utilizando los servicios de una prostituta en el coche, hacer público el nombre de los clientes de la prostitución callejera o multar a las prostitutas que sigan ofreciendo sus servicios en la calle.

La única gran novedad normativa es la legalización de miniburdeles. Los burdeles están prohibidos, pero una mujer sola puede ejercer la prostitución en un departamento si está sola. Ahora se permitirá que haya hasta dos mujeres y una tercera persona velando por su seguridad sin que ese piso pase a ser considerado un burdel. El gobierno cree que así aumentará la seguridad de las mujeres que optan por prostituirse.

En paralelo, las autoridades locales velarán por facilitar a las prostitutas el abandono de la profesión asegurando que puedan acceder a programas de tratamiento de la drogadicción o facilitándoles una vivienda, además de perseguir a los traficantes de seres humanos y poner en marcha campañas de información para que las mujeres puedan denunciar a los proxenetas y las agresiones que puedan sufrir.

Los colectivos de prostitutas criticaron las propuestas con el argumento de que son semejantes a campañas anteriores. Critican en particular que no se hayan suprimido las multas por el ejercicio de la prostitución callejera, que a su juicio son el principio de un círculo vicioso porque obliga a las mujeres a seguir prostituyéndose para poder pagarlas. Tampoco celebran la creación de miniburdeles porque entienden que muchas mujeres prefieren el anonimato de la calle. Y estiman que la persecución policial a los clientes acabará provocando un aumento de los delitos de violación. A su juicio, la solución a sus problemas es que la policía las tome en serio cuando denuncian una agresión y acabar con los problemas que las obligan a prostituirse.

En los últimos años descendió el número de procesamiento por prostitución callejera, pero el gobierno cree que eso no se debe a que haya menos prostitutas en la calle sino a que la policía dejó de considerar una prioridad la lucha contra la prostitución callejera.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.