La policía española detuvo a 33 personas, en 11 comunidades autónomas, por comprar en Internet imágenes de pornografía infantil. Los detenidos, entre los que hay profesores, entrenadores deportivos, administrativos, banqueros, jubilados, un médico y un sacerdote, descargaban las imágenes en sus ordenadores previo pago con tarjeta de crédito a sendas empresas de Florida (Estados Unidos) y Bielorrusia. El rastro informático dejado por esas operaciones bancarias llevó a los investigadores hasta los detenidos, entre los que hay una mujer.

La Operación Falcón comenzó a principios del pasado año, después de que el C3, la unidad especializada en ciberdelincuencia del Servicio de Aduanas de Estados Unidos –dependiente de su Departamento del Tesoro–, alertó a la policía española, a través de Interpol, de que en varios sitios web en los que se ofrecía pornografía infantil de pago se habían detectado movimientos con tarjetas de crédito radicadas en entidades españolas. “Llevadas por un exceso de confianza, estas personas, que estaban en sus casas a medianoche o de madrugada, solos con su ordenador, dejaron los datos de sus tarjetas de crédito para poder bajar las imágenes”, explicó Enrique Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial, que comandó las pesquisas.

En esas imágenes aparecían niños de entre 8 y 13 años, que por su aspecto podrían proceder de Europa del Este. Los detenidos son todos mayores de edad, la mayoría de entre 30 y 50 años, “solteros, casados, no hay un perfil”, según Rodríguez. La investigación fue especialmente “ardua y pesada” por la dificultad de procesar los datos y rastrear las conexiones, dada la diferencia horaria con Estados Unidos, de donde procedían los primeros indicios.

Cada descarga, según el inspector jefe, costaba alrededor de 200 euros, “lo que demuestra la posición económicamente desahogada” de los usuarios de dichas webs, algunos de los cuales efectuaron varias descargas a lo largo del año. De hecho, el delito del que se les acusa es del de favorecimiento de la distribución de pornografía infantil por Internet. Con el pago, los detenidos estaban financiando la creación y mantenimiento de las páginas web, que ahora han sido desmanteladas. Por ello pueden ser condenados a penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Desde octubre del 2004, el Código Penal castiga con penas de prisión la posesión de imágenes de menores en actitud sexual.

Los detenidos fueron localizados en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. En la provincia de Barcelona vivían diez usuarios, y cinco en la de Madrid. Los detenidos no mantuvieron mucho tiempo las imágenes compradas en sus ordenadores, según el inspector jefe. “La mayoría las pagó, las miró y poco después las borró.” No se dedicaban al intercambio gratuito de archivos en la red y ninguno tiene antecedentes por delitos contra menores, según este responsable policial. Las asociaciones de internautas, por su parte, pidieron que no se criminalice a Internet por estos hechos. “Gracias a Internet se los ha podido detener”, dijo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. “No son expertos informáticos, utilizan Internet sólo como herramienta de comunicación, antes lo harían con el correo postal”, agregó.

“Toda persona que utiliza la red, para enviar correos electrónicos o para visitar páginas web, deja un rastro que no se puede evitar, su número IP que, tanto si es fijo como dinámico, lo identifica”, explicó. “Ese número es privado y está protegido por el derecho a la intimidad, pero un juez puede autorizar un seguimiento, y eso lo sabemos todos los internautas.” Durante las pesquisas fue investigado un centenar de personas, pero en algunos casos las tarjetas utilizadas habían sido robadas o extraviadas.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.