Para el saliente presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, “el informe es explícito en indicar que no se siguieron determinados procedimientos y que no se evidenció una orden explícita y escrita que así lo autorice”. Se refería a la muy polémica entrega a Estados Unidos de 28 misiles HN-5 tierra-aire comprados en los años ’90 a la República Popular China. Veltzé pronunció la frase al jurar en funciones a su nuevo comandante en jefe del ejército y ordenar al comandante general de las Fuerzas Armadas, Marco Antonio Justiniano, que instruya un sumario para aclarar hechos y establecer responsabilidades.

La irregular salida del material bélico fue denunciada inicialmente por el presidente electo Evo Morales, y desencadenó una novela de enredos que el martes le costó la cabeza al polémico jefe del ejército, general Marcelo Antezana, y al ministro de Defensa, Gonzalo Méndez. Al parecer, los misiles chinos salieron del país sin efectuar los registros en el libro de novedades correspondiente y sin una orden escrita de la autoridad política. La duda es si el jefe de Estado sabía o no de la operación.

El nuevo comandante del ejército, Orlando Paniagua, tomó posesión ayer en una ceremonia cerrada a los medios. El jefe de Estado Mayor, Marco Antonio Vázquez, intentó tranquilizar los ánimos al salir del palacio presidencial, señalando que “no existe una crisis institucional” al interior de las Fuerzas Armadas. Gran parte de la saga –de la que todos quieren zafar acusando a otros– la protagonizó el propio Antezana, quien primero dijo que asumía la responsabilidad por la entrega de los cohetes, luego declaró que el responsable era el ministro de Defensa y terminó diciendo que cuando salieron los misiles –el 3 de octubre de 2005– no se encontraba en el país, lo que fue desmentido por otros generales.

“Los misiles son una mancha en el actual gobierno, que salpicó a las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Gonzalo Méndez, su asesor jurídico y otros funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, que firmaron el contrato de desactivación y salida de los misiles, deben ser juzgados”, dijo el general destituido con tono de despecho. Y agregó que “se pretende tapar con un sumario las responsabilidades de los civiles”. Para agravar las cosas, se habla de una “donación” de 400 mil dólares de parte de Estados Unidos que nadie sabe si se efectivizó y a qué manos –o bolsillos– fue a parar.

El informe firmado por el general Justiniano y el ahora ex ministro Méndez repite varios argumentos ya utilizados: que los misiles resultaron prematuramente obsoletos debido a su mal almacenamiento y que las dos pruebas realizadas con los únicos misiles antiaéreos con los que contaba Bolivia resultaron sendos fracasos. Sin embargo, esta hipótesis conduce a una inmediata pregunta: si el material bélico se encontraba “obsoleto”, ¿por qué tanta insistencia de la Embajada de Estados Unidos para que los militares se lo entreguen? Aparentemente, el argumento era que los HN-5 son usados por grupos insurgentes de Irak y Afganistán contra helicópteros de las fuerzas de ocupación. Los robos de armas en cuarteles bolivianos contribuyeron a aumentar los recelos de los americanos, para quienes Bolivia está a las puertas de la categoría de “Estado fallido”.

Evo Morales anunció el inicio de un juicio de responsabilidades contra el actual mandatario, quien se enredó en un laberinto –incluyendo su negativa inicial de que los misiles hubieran salido del país– que dejaron en evidencia la “operación camuflaje” oficial. “Esto no puede quedar así”, dijo ayer Morales. “Autores materiales o intelectuales, militares o civiles, tienen que ser juzgados. No podemos desarmar a las FF.AA., queremos militares que defiendan los recursos naturales, el territorio nacional, que entren a la parte productiva de la nación.”