En Santiago del Estero la noticia parece vieja. Repetida. De ya no se sabe cuándo. Pero cada caso resulta más atroz que el anterior. Ahora se trata de cuatro niñas de entre 11 y 16 años prostituidas en Frías, un pueblo del sudeste santiagueño, por un grupo de ocho hombres –todos adultos mayores– a cambio de monedas, por pocos pesos, por un plato de comida. Así lo aseguró ayer a Página/12 la jueza del crimen Gabriela Núñez de Cheble, después de haber detenido a los sospechosos y escuchado el relato de las chicas sobre la manera en que durante el último año se sometieron a la voluntad de los “clientes”. Si bien una defensoría oficial y una fiscalía investigaban el caso, fueron un comerciante y una de sus empleadas, “hartos de ver la situación”, quienes denunciaron hace diez días el caso ante la Justicia penal santiagueña.

Ese día, el viernes de la denuncia, fue largo y tedioso en las estrechas oficinas de la fiscal Ana Arón y de la defensora Soledad Navarro. Las mujeres ya tenían indicios de los abusos que estaban ocurriendo en Frías y junto a una comisión policial investigaban a algunos hombres sospechados de mantener sexo con menores de edad a cambio de pagas miserables. No fue difícil ubicar a una de las chicas, la de once años, deambulando por las calles de la ciudad. La nena se sentó ante las mujeres y después de muchos rodeos contó paso a paso cómo había comenzado a visitar a determinados “señores muy grandes” que solían levantarla en auto y llevarla a sus casas, donde vivían solos. Así la fiscal y la defensora supieron que a veces a ella, por ser una de las más chicas, le pagaban con monedas: 75 centavos el servicio sexual. O con un plato de comida: “Ellas solían recibir alimento después de ser sometidas sexualmente”, dijo una fuente judicial.

“Los dos testigos que iniciaron esta causa son vecinos que ya no soportaron ver cómo en varias oportunidades hombres siempre mayores de cincuenta años tenían contacto con niñas en la calle o en algunos bares”, dijo uno de los investigadores. Lo que se presumía podía ser una red de prostitución como la ya descubierta en la ciudad de La Banda por el juez del crimen Mario Medina resultó ser una práctica que la pobreza extrema había logrado sumar a las formas marginales de supervivencia. De hecho, en otro pueblo de Santiago, Añatuya, la Justicia investiga otro caso de corrupción de menores en el que la sospechosa de inducir a la prostitución a dos niñas es la propia mamá. En el caso de Frías, además de los ocho hombres presos hay una mujer: sería la mamá de una de las cuatro nenas explotadas. La pesquisa intenta determinar si la mujer fue tolerante con la situación de prostitución de su nena.

La chica de once años que declaró la mañana de aquel viernes dio algunos nombres de los adultos que la abusaban. Y el de sus compañeras en la calle, chicas apenas más grandes que ella, que por la necesidad extrema también mantenían un grupo de clientes. “No todos los hombres solían ver a las mismas chicas, ni entre ellas existía más que el conocimiento de vivir casi en la calle por sus situaciones familiares”, explicaron en los tribunales de Frías. Pero sin embargo había algunos puntos en común entre las víctimas: todas ellas pertenecen a familias de como mínimo ocho hermanos, que viven en la indigencia. Sus padres no sabían lo que hacían. El dinero les alcanzaba para comer mejor que en la casa. A veces llegaban con monedas: desde niñas algunas de ellas pedían en los pocos semáforos de la ciudad.

La situación suele ser recurrente en los sitios más pobres de la provincia. Y de hecho es muy parecida a los comienzos de la nena que fue rescatada en octubre de sus captores, un grupo que tenía de centro de operaciones a La Banda y que desde allí sacaba y entraba niñas a la provincia para prostituirlas en otros puntos del país. La vulnerabilidad de las chicas que fueron captadas por aquella red fue la que permitió sacarlas de sus hogares, alejarlas de su familia y mantenerlas como esclavas sexuales durante largos períodos. En el Noroeste la trata de blancas se vive como un fantasma cotidiano, sobre todo entre los más pobres. Los clanes familiares que suelen administrar los cabarets están contactados a lo largo de la región y del país y suelen contar con protección entre los poderes locales.

En el caso de Frías, la lógica del abuso dejó perplejo a un pueblo tranquilo que sabe de pobreza, pero no recuerda antecedentes de este tipo. “Lo que más impresiona a la gente acá es que son hombres grandes, todos mayores, y ni ricos ni pobres, más bien de clase media, uno de ellos es un gestor”, dijo un pesquisa. El expediente judicial en el que son investigados los supuestos clientes contiene las larguísimas y detalladas declaraciones de las niñas. El día en que fueron llevadas a los tribunales declararon las cuatro al mismo tiempo. Comenzaron al mediodía y terminaron pasadas las diez de la noche. Al día siguiente, ratificaron todo ante la jueza del crimen y durante la madrugada siguiente comenzaron los allanamientos y las detenciones. A uno de los hombres presos se lo procesaría por la violación a una de las nenas. El expediente se caratula “corrupción de menores, prostitución infantil y abuso sexual de menores agravados”.