Omar es nieto del cacique Domingo Coquero, quien sobrevivió a la Masacre de Rincón Bomba en 1947. “Mi abuelo se escapó de la matanza. Se fue, con temor, a otra localidad y vivió un tiempo en el campo, donde recibió apoyo de un amigo blanco.” Domingo murió en 1964. “Cuando vivía vino a ver a (el presidente Juan Domingo) Perón para pedir terrenos para su comunidad. Sólo le dieron 500 hectáreas, con títulos provisorios, donde se asentaron 500 familias.”

Omar relata que “miembros de la comunidad y sobrevivientes fueron aportando pruebas que indican los lugares en los que están los cadáveres”. Para las víctimas de la masacre, que ocurrió en Las Lomitas, a unos 300 kilómetros de la capital formoseña, las investigaciones comenzaron 58 años después del episodio. La causa se inició en marzo de 2005 ante el Juzgado Federal de Formosa. Hasta ahora se hallaron 28 cadáveres, miembros de esa etnia fusilados en 1947. “El juez ya produjo allanamientos e intimó al Estado para que resguarde pruebas”, especificó Carlos Díaz, abogado de la comunidad.

“Mi abuelo era el cacique y tenía a cargo el gobierno de la comunidad. Murió en 1964, a los 84 años. La historia me la contó mi padre: cuando él tenía 8 años, mi abuelo lo llevaba al monte. Allí le contó que aquella vez muchas mujeres fueron violadas por los de Gendarmería, hasta una chica de 15 años”, relata Omar.

La masacre se originó cuando miles de braceros pilagás, tobas y wichís fueron despedidos sin indemnización del ingenio San Martín de El Tabacal, en Salta, cuando reclamaron que se les pagara lo prometido. Cuando regresaron, fueron víctimas del hambre y las enfermedades. La ayuda que les envió el gobierno nacional llegó con cuentagotas. Y ante el rumor de una posible sublevación, fueron rodeados por Gendarmería. El 10 de octubre, mientras el cacique hablaba con el jefe del escuadrón, empezaron a sonar las ametralladoras. Después comenzó la persecución de los que pudieron escapar, “para que no queden testigos”, según concluye la presentación judicial.

“Pedimos una indemnización y del dinero que se otorgue se hará cargo la Federación Pilagá para ver de qué forma se puede invertir. Venimos a Buenos Aires porque queremos que escuchen nuestros planteos. Esta es una realidad, no una mentira, por eso queremos una entrevista con el Presidente”, dice Omar. La demanda es por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica a favor del pueblo de argentinos de etnia Pitte’laalé’ec (pilagá)”. La Federación Pilagá está integrada por 18 comunidades, que reúnen en total a unas 6 mil personas.

La delegación llegó a Buenos Aires porque “en Formosa no tenemos acceso a los organismos, a la Justicia ni al poder político. Somos discriminados. Intentamos llegar a las autoridades pero no nos dieron respuestas”, agrega Coquero.

Omar, junto a otros miembros de las comunidades demandantes, visitaron las oficinas de la OIT en Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia, encabezado por Adolfo Pérez Esquivel. En la Secretaría de Seguridad Interior les prometieron que se “formará una comisión con miembros de las dos comunidades, Gendarmería y esa secretaría, para preservar la zona a investigar, proteger las excavaciones y principalmente apoyar a las comunidades”.

Hoy la comunidad pilagá, considerada como un pueblo en extinción, reclama para que sus descendientes puedan conocer la misma historia pero con un final justo.

Informe: M. Sol Wasylyk Fedyszak