Ricardo Righi, uno de los padres de víctimas de Cromañón con posiciones más duras, se presentó ante el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político a la jueza que instruye la causa, María Angélica Crotto. Es el primer pedido de juicio político contra la magistrada. Righi la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mal desempeño y retardo injustificado de justicia.

Righi imputa a la jueza Crotto porque hace unas semanas presentó un escrito acusando de diversos cargos al director del Hospital Penna y a los integrantes del Cuerpo Médico Forense. Respecto del director del Penna, Pedro Saposnick, la imputación de Righi es, entre otras cosas, por abandono de persona, ya que –según transcribe de una testigo– había heridos que pudieron ser salvados y no había ni la dotación de personal ni de elementos suficientes. A los hombres del Cuerpo Médico Forense, Righi les imputa haber realizado “dictámenes falsos” y cuestiona los informes que entregaron a la Justicia. La jueza Crotto tomó las denuncias, resolvió constituir una causa aparte de la principal y la envió a sorteo para que otro juez realice la investigación, tal vez para concentrarse ella en el núcleo central y mandar a juicio lo antes posible a los protagonistas principales de la tragedia. A raíz de ello, Righi sostiene que incumple con los deberes de funcionario público y retarda la justicia, porque se deshace de una investigación que ella misma debería realizar. Este diario consultó a varios jueces y penalistas. Todos coincidieron en que es muy difícil que el Consejo de la Magistratura le dé curso a ese juicio político, pero es muy probable que la cuestión lleve a una controversia judicial: el juez sorteado para investigar la denuncia de Righi tal vez se declare incompetente y considere que tiene que investigar Crotto, porque tiene la causa Cromañón. Así, el litigio lo tendrá que resolver la Cámara del Crimen.