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Una presentación judicial del ex defensor del Pueblo porteño, Antonio Cartañá, volvió a poner los parquímetros de la ciudad de Buenos Aires en el centro del debate. Es que la concesión del servicio de estacionamiento medido venció el 25 de marzo del año pasado, hace quince meses, y las empresas lo siguen explotando en forma provisoria. En contra de esta situación, Cartañá presentó una acción de amparo ante la Justicia porteña para pedir el cese de la concesión y del cobro del estacionamiento dado que su explotación, a su criterio, es “ilegítima”. Se basa en un dictamen del procurador general de la ciudad, Juan Carlos López, que en diciembre último desaconsejó un convenio para prorrogar los contratos y sugirió llamar “a la brevedad” a una nueva licitación. En el Ejecutivo, en tanto, dicen que la demora obedece, entre otras razones, a que “se están estudiando modificaciones para readecuar el sistema, tales como la reducción de espacios para estacionar en la zona céntrica y la extensión a otras áreas de la ciudad, así como la incorporación del control fotográfico de infracciones”, según explicó a Página/12 el subsecretario de Transporte y Tránsito, Horacio Blot.
En la ciudad funcionan actualmente 3250 espacios para estacionamiento, tanto con parquímetros como con máquinas tickeadoras, en el área concesionada a dos empresas, BRD y Dakota. Esas compañías, además de cobrar un peso la hora de estacionamiento, se ocupan de remover los autos en infracción mediante el sistema de grúas. Desde abril del 2001 no se aplica más la inmovilización mediante el cepo, el repudiado sistema que rigió durante los diez años de la concesión, impulsado durante la gestión del ex intendente Carlos Grosso. Ese mes, también, se redujo la cantidad de espacios para estacionar, que hasta ese momento eran de 5220.
Cartañá, junto a otros usuarios, presentó una acción de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 8 de la ciudad, a cargo de Osvaldo Otheguy. El magistrado hizo lugar a la presentación y le dio un plazo de 10 días hábiles al Gobierno porteño y a las empresas para contestar la demanda. “Pedimos que se le ordene al Gobierno que haga cesar la concesión y se deje de cobrar por estacionar en los lugares concesionados”, dijo Cartañá a Página/12. El ex ombudsman no se pronuncia sobre si debe llamarse a una nueva licitación o no: “No le digo al Gobierno lo que tiene que hacer sino lo que está haciendo mal”, sostuvo.
En cambio, el diputado porteño Julio Vitobello propuso que la ciudad se haga cargo de la prestación del servicio, “ya que de acuerdo con el contrato, una vez vencida la concesión, el equipamiento pasa a ser patrimonio de la ciudad”.
El subsecretario de Tránsito y Transporte, Horacio Blot, explicó que aunque el contrato está vencido, a las empresas se les otorgó un “permiso precario” para seguir explotando el servicio. “Cuando venció la concesión, la idea era hacer una nueva licitación, pero no para renovar sino para readecuar el servicio: reducir la cantidad de lugares en el área central y extender el sistema a las zonas aledañas, para desalentar el estacionamiento en el centro”, argumentó. También se proponía complementar el sistema de remoción con grúa, “que demostró ser poco efectivo por la lentitud en el levantamiento de los autos y su traslado”, incorporando el control fotográfico de infracciones, que se aplica en otras áreas de la ciudad. Además, se propone implementar una experiencia piloto en algunos barrios, donde actualmente se estaciona mediante el sistema de tarjetas, otorgando la gestión a la empresa AUSA, perteneciente al Gobierno de la ciudad.
Según Blot, cuando el Gobierno tenía el pliego provisorio preparado para la discusión legislativa, sobrevino la crisis de diciembre, que “paralizó todas las licitaciones, porque al no haber mecanismos de actualización, es imposible para las empresas hacer una cotización”.
Para la misma época –el 17 de diciembre–, el procurador Juan Carlos López rechazó la pretensión oficial de extender la concesión por cincoaños, mediante un convenio con BRD, al considerarlo “improcedente desde el punto de vista legal”. En el mismo pronunciamiento, el procurador dictaminó que “corresponde llamar a licitación pública, a la brevedad, para la contratación del servicio”. Y autorizó a la firma a seguir en actividad en las mismas condiciones en que lo hacía durante la vigencia del contrato, hasta tanto se adjudique la licitación.
El Ente de la Ciudad, presidido por Néstor Vicente, también se pronunció por la necesidad de llamar a una nueva licitación “en forma inmediata”. “El estacionamiento medido es un servicio necesario, para permitir la rotación de los autos estacionados, pero no puede extenderse mediante un permiso precario”, dijo a este diario Enrique Maldonado, jefe de área del Ente.
Cartañá, por su parte, sostuvo que si se opta por una nueva licitación, “el Ejecutivo deberá indefectiblemente convocar a una audiencia pública, porque la actividad de estas empresas se categoriza como de efecto ambiental relevante”.