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El canciller Carlos Ruckauf sostuvo el jueves ante medio centenar de altos oficiales de la Fuerza Aérea que, aun reconociendo que se habían cometido “errores”, se sentía “orgulloso” de haber suscripto el decreto 261 que en 1975 autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir en la represión. Ante la mirada impávida del comandante de Personal, brigadier Dante Aníbal Asla, que oficiaba de anfitrión, el ministro agregó que, de repetirse aquellas circunstancias, volvería a estampar la firma “sin vacilar”. A continuación, Ruckauf, que acababa de regresar de Washington, adelantó que esa hipótesis no es desechable y formuló un solapado envite a la concurrencia. No obstante, sus presagios respecto de los críticos días venideros no tuvieron una recepción unánime. Más que preocupado, uno de los pilotos presentes comentó a Página/12, con un más que justificado pedido de anonimato: “Nos están sobando el lomo para embarcarnos de nuevo en una cosa como la que pasó. Yo puedo asegurarle que en muchos de mis camaradas no hay la menor intención de meterse en algo así”.
Con esa frase el militar hacía referencia a otro tramo de la conferencia que Ruckauf pronunció en el Edificio Cóndor frente a unos cincuenta vicecomodoros inscriptos en el Curso Superior de Conducción. Porque el ex vicepresidente de Menem no se limitó a reivindicar la rúbrica que, en calidad de ministro de Trabajo del gobierno de Isabel Perón, colocara al pie del “decreto de aniquilamiento” que inauguró la práctica sistemática de secuestros y desapariciones y la conversión de los cuarteles en campos de concentración. Según las fuentes, el canciller aprovechó la cátedra para anticipar que, si bien no se introducirán modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, se avecinan “tiempos difíciles” y tanto Policía como Gendarmería podrían verse “desbordadas” por la emergencia. En tal caso, dijo Ruckauf, las Fuerzas Armadas tendrían un rol a cumplir. El preanuncio, relatarían luego los testigos, provocó malestar y alarma en una porción de los asistentes al curso de la Escuela Superior de Guerra Aérea.
No es la primera vez que Ruckauf se ufana de haber dado soporte a aquella orden. “Me siento muy orgulloso de haber firmado ese decreto de aniquilar el accionar subversivo (...) La puesta en operaciones de las Fuerzas Armadas era para combatir a la subversión dentro de la ley,”, había declarado en agosto de 1999 al periodista Luis Majul. Sin embargo allí, ante las cámaras de televisión, el aspirante justicialista a la gobernación de Buenos Aires intentó despegarse del genocidio aduciendo que “después vino un golpe militar y se violó la orden y el decreto”. En las usinas políticas del duhaldismo el exabrupto provocó un terremoto en lo interno y fue minimizado hacia afuera como el recurso “de un candidato asustado” por el sostenido ascenso de Graciela Fernández Meijide en las encuestas. De todos modos resultaba inocultable que la rúbrica del ministro isabelista de los ‘70 estaba en perfecta armonía con el candidato que a fines de los ‘90 anudaba el éxito de su campaña electoral a la promesa de brindar seguridad “metiendo bala” a la delincuencia.
No obstante, las sugerencias deslizadas el jueves por Ruckauf –quien se vanagloria de la excelente relación que mantiene con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell– irradian un grado de peligrosidad que no entrañaba aquel crispado discurso proselitista. A nadie escapa que el gobierno, temeroso de un estallido social, proyecta una serie de medidas destinadas a despejar la calle e ilegalizar la acción de piqueteros, asambleístas y víctimas del “corralito financiero”; o, en el peor de los casos, si fracasa la disuasión, a mentalizar a los encargados de sofocar el incendio. A nadie escapa tampoco que, como informó Miguel Bonasso en un artículo publicado en febrero de este año, son varios y conspicuos los sectores que se han acercado a altos estamentos militares para sondear qué actitud adoptarán de presentarse una coyuntura semejante. En aquella nota, Bonasso reveló que el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, había mantenido dos reuniones con directivos del Grupo Werthein. A la primera había invitado a comer a Adrián Werthein y en la segunda el general habría sido representado por un par de su íntima confianza, el general Daniel Raimundes. En ambas el eje de la charla había sido la crisis política y sus eventuales salidas. Los Werthein son los principales accionistas de La Caja, entidad a través de la que el personal militar cobra sueldos y con la que contrata sus seguros de vida. Pero no es en eso que radica la importancia de los encuentros: los Werthein son ex banqueros (eran titulares del Mercantil), ex accionistas del CEI –junto a Raúl Moneta y Richard Handley por el Citicorp– y muy cercanos a Carlos Menem. El general Raimundes tuvo como anterior destino los Estados Unidos y su nombre sonó, entre un cúmulo de rumores, como inclinado a una salida ultraliberal y partidario de las tesis de Ricardo López Murphy. De acuerdo a las informaciones recogidas por Bonasso, Pedro Pou, ex presidente del Banco Central y hombre del CEMA, había sido el contacto para algunos de estos encuentros entre militares y financistas. Brinzoni confirmó la existencia de las reuniones mantenidas con el Grupo Werthein y desarrolló su pensamiento vivo: podría ocurrir, explicó, que el comandante en Jefe requiriera de la colaboración del ejército, que “se ocupe de cuestiones de seguridad que hoy están en manos de la Gendarmería y la policía”.
Mientras daba detalles de lo acontecido en el Edificio Cóndor, el pequeño grupo de oficiales que informó a este diario, evaluó: “Están jugando con fuego –explicó la fuente–. Nos están obligando a pensar qué vamos a hacer con quien nos dé una orden de ese tipo y qué vamos a hacer con los que quieran obedecerla. Porque también hay de esos”. El mismo contingente de aviadores había escuchado una semana antes al presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Miguel Angel Toma. Pese a los aplausos que coronaron su disertación, los aeronáuticos no dejaron de recordar con cierto rencor que Toma no sólo habría sido el impulsor del último contrato suscripto con la Lockheed sino que, además, motorizaría el proyecto de creación de una Administración Federal de Aviación Civil que sustraería el control de los vuelos del ámbito de la fuerza y, al mismo tiempo, acapararía los presupuestos con que hoy cuentan el Comando de Regiones Aéreas y el órgano regulador de aeropuertos. “Y en una de ésas, para hacerla completa, también terminamos perdiendo la soberanía del espacio aéreo”, aventuran los cursantes del Edificio Cóndor.