Bajo el reclamo de una entidad de dueños de bares y restaurantes, el gobierno porteño dispuso agilizar al máximo el otorgamiento de permisos para instalar mesas en las veredas. Estos empresarios, al exigirlo así, habían asegurado que la ley que regula el humo de tabaco en lugares públicos cerrados reducía sus ganancias. Sin embargo, un trabajo auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que los ambientes libres de humo de tabaco no hacen bajar las ventas ni el empleo y que los reclamos de este orden obedecen a una estrategia de la industria tabacalera. “Las autoridades pueden proteger a trabajadores y clientes de los efectos tóxicos del humo de tabaco, rechazando con toda confianza los reclamos sobre efectos económicos adversos”, explica la investigación distribuida por la OPS. Entretanto, una prestigiosa revista científica publicó un estudio según el cual, tres meses después de la prohibición de fumar en bares escoceses, los síntomas respiratorios de sus trabajadores bajaron un 26 por ciento.

“Nos hemos comprometido a que los tiempos de tramitación de permisos para mesas y sillas en la vía pública, que eran de unos treinta días, bajen a no más de cinco días hábiles”, dijo a este diario Federico Peña, subsecretario de Control Comunal, luego de reunirse con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc). Según el funcionario, “se reasignó personal, que dejará de cumplir otras funciones, se modificaron los turnos de trabajo y se comenzará a aplicar un sistema informático nuevo”.

Luis María Peña, presidente de la Ahrcc, afirmó que el gobierno porteño “autoriza el emplazamiento de las mesas, bajo sistema de declaración jurada, aunque los inspectores todavía no hayan ido al lugar; el comerciante se compromete a no colocar más mesas de las que les puedan autorizar”. Federico Peña negó esta afirmación de Luis María e insistió en que “la inspección de cada lugar se efectuará en cinco días: estamos en condiciones de garantizar ese plazo”.

De todos modos, deploró Luis María Peña, “la posibilidad de emplazar mesas en la vereda beneficiará a lo sumo al 25 por ciento de los establecimientos; el 75 por ciento no podrá hacerlo por no estar ubicado en una calle donde esto sea posible o por no tener suficiente personal”. Según el titular de la Ahrcc, “registramos una caída de ventas del 22 por ciento en promedio y hasta el 30 por ciento en algunos establecimientos”.

Muy distinta es la perspectiva de Ernesto Sebrie, especialista en políticas de control del tabaco en la Universidad de California: “Es imposible medir impacto económico con menos de un mes de aplicación de la ley. Se trata de estrategias que la industria tabacalera promueve a través de la fachada brindada por algunas asociaciones de empresarios. Internacionalmente hablamos del ‘mito del 30 por ciento’, porque es la cifra que suelen argumentar. Pero estudios serios, efectuados en distintas universidades, muestran que no es así; al revés, en muchos lugares se llega a un aumento de los ingresos”.

“Por una parte –explicó Sebrie–, aparecen nuevos clientes, que preferían no frecuentar bares y restaurantes donde se fumara. Además, hay más rotación en las mesas: el fumador que antes ocupaba mucho tiempo una mesa sin consumir otra cosa que tabaco, ahora se retira antes, va a fumar afuera y eventualmente vuelve a consumir en el mismo u otro establecimiento. Además, como los empleados se enferman menos, baja el ausentismo y mejora el rendimiento laboral. También, se reduce la proporción de incendios.”

En la misma línea se expidió Adriana Blanco, experta del Programa Regional de Tabaco de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “En todos los lugares donde se hicieron estudios bien llevados, es decir, sobre los registros de venta y no sobre la impresión subjetiva del comerciante, los efectos de los ambientes libres de humo resultaron sin impacto negativo sobre las ganancias empresariales y en muchos casos con impacto beneficioso”.

La OPS distribuyó el trabajo “Examen de la calidad de los estudios sobre los efectos económicos de las políticas que prohíben fumar en el sector de la hostelería”, de M. Scollo y colaboradores. Según esta investigación, “todos los estudios que indicaban repercusiones negativas habían sido financiados por la industria tabacalera. En contraste, ninguno de los estudios que no tenían ese respaldo mostró repercusiones negativas”. Según la investigación, “los estudios mejor diseñados, en todos los casos, señalaban que las leyes que crearon ambientes libres de humo de tabaco no tuvieron repercusiones, o las tuvieron positivas, en las ventas o el empleo. Las autoridades pueden proteger a trabajadores y clientes de los efectos tóxicos del humo de tabaco, rechazando con toda confianza los reclamos sobre efectos económicos adversos”.

Blanco sostuvo que “los cambios siempre generan miedo y éste es un cambio muy importante en las costumbres; de ese miedo se aprovechan los poderosos intereses que están en juego”. Según precisó Sebrie, “las ganancias que sí bajan son las de las tabacaleras, porque está comprobado que, a partir de los ambientes libres de humo, el consumo de tabaco cae un 30 por ciento. La industria está poniendo ahora todas sus fichas, tanto con este reclamo como con los amparos judiciales: saben que más del 90 por ciento de la población apoya estas leyes y que, cuanto más tiempo sigan en efecto, más aceptabilidad social van a acumular”.