Un testigo protegido, denunciante en la causa por la reducción a la servidumbre de inmigrantes bolivianos, denunció que uno de sus hijos, un niño de nueve años, fue secuestrado por desconocidos que le advirtieron que si su padre continuaba participando de escraches a talleres clandestinos, lo iban a matar. La denuncia llegó hasta la fiscalía federal Nº 7, que pidió protección policial para el testigo y su familia. Pero el Ministerio del Interior rechazó ese pedido, según sostuvo la Unión de Trabajadores Costureros –gremio al que pertenece el denunciante–, entidad que presentará hoy una denuncia penal contra el ministro Aníbal Fernández “por abuso de autoridad y abandono de personas, y su eventual móvil discriminatorio”. La defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, también denunciante en la causa de explotación a inmigrantes, le pidió a su equipo de abogados que estudie la factibilidad de iniciar también una acción legal contra el ministerio. “Los testigos en esta causa están protegidos por la convención internacional contra la trata de personas, que tiene rango constitucional y no puede ser soslayada por ninguna decisión ministerial”, dijo a Página/12 el abogado Mario Ganora, jefe del área Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría.

El hecho denunciado ocurrió el 25 de septiembre último en la localidad de Villa Madero. Mientras José Orellano y su esposa trabajaban en un taller de costura de Parque Avellaneda, en Capital, su hijo mayor, de 9 años, fue secuestrado junto con un amiguito y una vecina que los cuidaba, por dos hombres que se movilizaban en una camioneta tipo Trafic. Los hermanitos del chico raptado llamaron a sus padres, que regresaron a su casa. “Los chicos estaban asustadísimos, encerrados en la casa, con las luces apagadas –contó Orellano a este diario–. Me dijeron que se lo habían llevado para el lado de la General Paz y hasta allá me fui, más o menos a una cuadra y media de mi casa, sobre un puente, encontré la camioneta. Cuando me vieron, soltaron a mi hijo y a las otras personas y se fueron.” Dice el denunciante que a su hijo le apoyaron la hoja de un cuchillo sobre el cuello y dijeron que si sus padres seguían hablando sobre los talleres textiles lo iban a matar, según consta en la denuncia.

Orellano y su esposa son dos de las personas que declararon bajo identidad reservada, en calidad de víctimas de la explotación a la que eran sometidos en un taller del barrio de Floresta. La denuncia penal fue presentada el 11 de octubre de 2005 por la Defensoría del Pueblo, ante el juez federal Norberto Oyarbide, y del procedimiento ordenado por el magistrado resultó la detención de los dos responsables del taller, Juan Carlos Salazar Nina y su esposa. Un mes después, ambos fueron liberados: el juez les dictó la falta de mérito después de tomarles declaración a los trabajadores que, según la denuncia, aún estaban en situación de esclavitud, viviendo en el mismo taller. En mayo de este año, la Cámara Federal le ordenó a Oyarbide profundizar la investigación.

Desde aquella primera denuncia, pero sobre todo tras el incendio de un taller en el barrio de Caballito –donde murieron seis personas, entre ellos niños–, desde el Estado se iniciaron procedimientos para combatir el trabajo ilegal. Pero las investigaciones pusieron de manifiesto que en algunos casos existió cobertura policial para los talleres ilegales, lo que dio origen a una investigación de Asuntos Internos de la Federal. También se registraron denuncias contra funcionarios de la Dirección de Migraciones, quienes habrían hecho la vista gorda ante el ingreso ilegal de inmigrantes bolivianos.

Ahora, la denuncia por el secuestro y amenaza al hijo de los testigos recayó en el fiscal federal Gerardo Di Masi, quien el 28 de septiembre pidió por nota dirigida al jefe de la Policía Federal que “arbitre los medios necesarios para garantizar la seguridad e integridad física” de los dos testigos y de su grupo familiar. Sabiendo que para que esto sea posible era necesaria la autorización previa del Ministerio del Interior, el fiscal redactó el pedido.

Pero el 12 de octubre, el fiscal Di Masi recibió una nota firmada por el comisario general Néstor Valleca, jefe de la Federal, en la que se deniega el pedido. La nota, a la que accedió Página/12, argumenta que “por Resolución Nº 2076 del 26 de noviembre de 2005, el señor ministro del Interior instruyó a esta institución a no otorgar ninguna autorización sin previa autorización de esa cartera”. Y agrega que en virtud de esa disposición “se sometió (el pedido) a consideración de esa cartera, informando la doctora Azul Romero, perteneciente al cuerpo de asesores del señor ministro del Interior, que el mismo no prestaba conformidad para la cobertura de la custodia solicitada”.

Esta negativa motivó la denuncia que presentarán Gustavo Vera, por la Unión de Costureros, y Rodolfo Yanzón, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, contra el Ministerio. Sostiene que la decisión de no brindar protección a la familia amenazada vulnera la ley de protección de testigos. Y advierte que la resolución del Ministerio fue dictada días después de que los testigos declararan contra funcionarios de la policía y de Migraciones. La denuncia abre la sospecha de que “quienes no son ciudadanos argentinos están excluidos de la cobertura o desprovistos de seguridad”: la familia afectada es de origen boliviano.