“Mafia del cartón.” Así denominaron ayer los gobiernos porteño y bonaerense a la actividad que pretenden poner bajo control del Estado, para lo cual lanzaron un plan conjunto. Se referían a los acopiadores de papel y cartón y a las propias papeleras, ubicadas en el Gran Buenos Aires, que compran materiales a los cartoneros, que empezaron a ser fiscalizadas esta semana. Las inspecciones dieron como resultado varias clausuras y decomisos. Según los funcionarios, alrededor de la recuperación y el reciclado de ese material en el Area Metropolitana existe un negocio ilegal que mueve “de 400 a 500 millones de pesos al año”.

El anuncio formal del programa estuvo a cargo del ministro de Gobierno porteño, Diego Gorgal, y del subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, quienes en conferencia de prensa brindaron los detalles de los operativos, que comenzaron el lunes con cuatro inspecciones en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El plan comprende la verificación de habilitaciones de las plantas o galpones, el control sobre la inscripción de los trabajadores que se desempeñan en ellas y sobre los documentos de los camiones que ingresan con material, que permiten identificar la procedencia del cartón o de otras cargas.

Montoya dijo a Página/12 que la idea del programa surge a partir de la constatación de que la actividad de recuperación y reciclado de cartón “dejó de ser una tarea marginal, surgida a la sombra de la crisis, y se transformó en una industria con las características de cualquier otra, pero en la que existe un altísimo nivel de ilegalidad”.

En ese sentido, Gorgal destacó que en este circuito se violan constantemente normas “urbanas, laborales, previsionales, de seguridad y fiscal” y de esa forma se somete a los 12 mil cartoneros que –se calcula– ingresan diariamente a la ciudad de Buenos Aires, a condiciones “infrahumanas de trabajo”. “Hoy es un negocio multimillonario que funciona en todos sus eslabones en la ilegalidad absoluta”, sostuvo.

La gran mayoría de los cartoneros que llegan a la ciudad provienen de la provincia, y recolectan unas 600 toneladas de basura de las casi 5000 que se generan a diario, según datos oficiales. Al final de cada jornada venden lo que acopiaron a intermediarios, que después lo revenden a papeleras, ubicadas en el conurbano bonaerense, a precios mucho mayores a los que les pagan a los recuperadores. Toda esta operatoria se realiza, según los funcionarios, sin ningún tipo de autorización ni aporte al fisco.

Los encargados del anuncio buscaron por todos los medios dejar en claro que el plan no afectará negativamente a los cartoneros, que son “el eslabón más débil de la cadena”. Montoya manifestó en esa línea que “la parte del león de las ganancias se la llevan los intermediarios, y quienes se quedan afuera de lo importante del negocio son los cartoneros”.

De todas maneras, el funcionario bonaerense admitió que estos movimientos repercutirán en la actividad de los recuperadores. “La idea de fondo es que los cartoneros sean inscriptos en alguna especie de registro, y se transformen en microempresarios del reciclaje”, se entusiasmó.

Los primeros operativos del plan se llevaron adelante el lunes en establecimientos del Gran Buenos Aires. En Tigre fueron clausurados dos depósitos que carecían de habilitación y almacenaban materiales metálicos, uno ubicado en Larralde al 2800 y otro en Rubén Darío al 300. En General Pacheco, las inspecciones se realizaron en dos papeleras. En una de ellas, ubicada en el kilómetro 32.600 de la Ruta 9, se secuestró un camión cargado con más de 6 mil kilos de rezago de cartón que no habían sido declarados y carecían de identificación apropiada. La otra planta, en la bajada Henry Ford del Acceso Norte, presentó todos los registros e inscripciones correspondientes y no sufrió ninguna multa.

En estas verificaciones trabajaron en conjunto inspectores de Rentas bonaerense, los ministerios de Trabajo de Nación y de la provincia, y personal del gobierno porteño. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad, del total de cartoneros que trabajan en la ciudad, más de 8 mil están inscriptos en el Registro Unico de Recuperadores (RUR), confeccionado por esa cartera.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.