“Me encantaría casarlas, pero no puedo. La ley no me lo permite.” María Rachid y Claudia Castro acababan de pedir turno para contraer matrimonio en el Registro Civil de Uruguay 753. Las atendió Liliana Gurevich, jefa de Departamento de la circunscripción. La negativa encerraba cierta dosis de incomodidad. A fin de cuentas, fue ella misma quien en el año 2003 había oficiado la unión civil de las mujeres lesbianas que ahora pedían casarse. “Les deseo mucha suerte y que tengan éxito en su lucha”, las despidió finalmente. Con el rechazo bajo el brazo, María y Claudia irán hoy a Tribunales para reclamar ante la Justicia la “inconstitucionalidad” de la ley que impide casarse a personas del mismo sexo. Una especialista en derecho civil argumenta sobre la viabilidad jurídica del planteo.

El lanzamiento de la campaña nacional por el matrimonio homosexual en la Argentina, anticipado ayer por Página/12, tuvo como protagonistas, además de María y Claudia, a la titular del Inadi, el Instituto Nacional contra la Discriminación; el diputado socialista Eduardo Di Pollina, que tiene presentado un proyecto de ley para instaurar el matrimonio gay, y las diputadas Marta Maffei (ARI) y Silvia Ausgburguer (PS), entre otros testigos que firmaron junto al escribano el acta en la que quedó constancia del rechazo.

Lubertino, además de oficiar de testigo, brindó el apoyo institucional del Inadi al reclamo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que agrupa a una veintena de organizaciones de minorías sexuales de todo el país. En diálogo con este diario, la funcionaria explicó que el apoyo a la iniciativa “es mi obligación porque tengo el mandato legal de trabajar por la erradicación de todo tipo de discriminación. Además, tengo un compromiso personal con esta causa. Llevo años en el movimiento de derechos humanos acompañando el principio de no discriminación por orientación sexual”.

“La Constitucional Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella consagran este principio, además del derecho a todas las personas a formar una familia matrimonial y la igualdad ante la ley”, destacó.

–Es previsible el rechazo y la presión de la Iglesia católica contra este reclamo.

–Yo debo actuar como Estado nacional. Todos los grupos, todas las religiones tienen derecho a opinar. Pero estamos en un Estado laico y yo debo velar por los derechos de las personas más desfavorecidas, de las personas discriminadas. Una norma de este tipo no será obligatoria. Si el credo de dos personas del mismo sexo se lo impide, no tienen obligación de casarse. Lo que impulsamos es para proteger los derechos de quienes quieren hacerlo y no pueden.

El revuelo mediático que generó la presencia de las dos mujeres en el Registro Civil impidió llevar a cabo ayer mismo el segundo paso del plan: presentar el recurso de amparo en Tribunales. Los abogados que lo redactaron lo harán hoy. “Fue impresionante la repercusión que hubo –se mostraba exultante María Rachid, dirigente de La Fulana, una organización de defensa de los derechos de las lesbianas–. Sentimos el apoyo no sólo de la prensa, sino de otras organizaciones de minorías sexuales, feministas, de derechos humanos, de partidos políticos y asambleas.”

–¿Qué evaluación hace de la jornada?

–Si bien no nos dejaron casarnos, cosa que era obvia, logramos instalar el debate público del tema. Y las expresiones que recibimos fueron muchas y de mucho reconocimiento por esta lucha.

Los argumentos con los que reclaman la inconstitucionalidad del artículo del Código Civil que impide el casamiento a dos personas del mismo sexo están basados en el principio de no discriminación y en el derecho a formar una familia. De acuerdo con la presentación “se trata de derechos garantizados en la Carta Magna y los tratados internacionales incorporados a ella”. También se enumeran casos internacionales donde fue instaurado por ley el matrimonio homosexual o bien fue producto de un fallo de una corte suprema.

Beatriz Rajland, abogada y titular de la cátedra de Teoría del Estado de la UBA, destacó la importancia de un recurso de ese tipo. “Los avances se abren paso de esta manera –sostuvo ante Página/12–. Antes del divorcio, había una ley que lo impedía. Y después hubo ley. Esto es lo mismo: son pasos para ir demostrando la obsolescencia de una norma. La Unión Civil fue también un paso para abrir caminos.”

–¿Es viable un recurso de este tipo desde lo jurídico?

–Al texto en sí aún no tuve oportunidad de leerlo, pero puedo responder en general: que no son argumentos livianos. Que lo ganen o no responderá a la relación de fuerzas en la sociedad. Pero hay motivos para plantear la inconstitucionalidad. Y hay que actuar con audacia. Nosotros hemos logrado la personería jurídica para una organización travesti. Fue por pura audacia. Acá los argumentos son serios y ésta es la manera en que las instituciones vayan cediendo al avance de la sociedad.