El Superior Tribunal de Justicia jujeño confirmó la condena por homicidio calificado de Romina Tejerina, al rechazar un recurso de casación de sus defensores que pedían la anulación del fallo que le impuso catorce años de prisión. La noticia, sin embargo, fue bienvenida entre sus abogados, que esperaban hace más de un año y medio que la Corte provincial se expidiera para poder apelar la sentencia ante la Corte Suprema de la Nación, donde esperan tener mejores chances de lograr un pronunciamiento que beneficie a Tejerina.

“Romina está tranquila. Sabíamos que el fallo del Superior Tribunal iba a ser adverso. Pero lo estábamos esperando para que nos habilitara a ir a la Corte Suprema”, explicó a Página/12 Mariana Vargas, una de las abogadas de la joven, condenada por matar a su beba recién nacida, cuya gestación –según ella denunció– fue producto de una violación. El acusado, que fue sobreseído, alegó que la relación sexual fue consentida.

La Corte jujeña se pronunció después de que el máximo tribunal de la Nación le ordenara acelerar sus tiempos para dar el veredicto. En junio de 2005, cuando Tejerina fue condenada por la Sala II de la Cámara Penal de Jujuy, su defensa presentó un recurso de casación ante el Superior Tribunal por considerar arbitrario el fallo. Uno de los aspectos que cuestionaron fue que los jueces de la Sala II no tuvieron en cuenta la pericia psicológica de parte que sostenía que la joven había matado a la criatura durante un “episodio psicótico”. Según Tejerina, vio en el rostro de la beba el del hombre al que siempre señaló como su violador. “Cuando hay dos pericias solventes los magistrados deben inclinarse por la que beneficia al acusado. Y los magistrados hicieron lo contrario.” La pericia oficial, sobre la que se sustentó gran parte de la condena, consideró que la muchacha estaba en su sano juicio cuando le aplicó varias puñaladas a la beba.

La defensa de Tejerina también planteó ante el máximo tribunal jujeño la nulidad de esa pericia, debido a que uno de los tres peritos que la firmaron resultó ser un médico cirujano. “Es una pericia con un perito inhábil. Nos enteramos de eso en la misma audiencia oral y en ese momento la objetamos, pero en el juicio nos dijeron que el planteo era extemporáneo”, recordó Vargas, que comparte la defensa con el abogado Fernando Molinas.

Pero los reclamos de la defensa no fueron contemplados. Finalmente, el Superior Tribunal rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia.

Tejerina tenía 19 años cuando tuvo un parto prematuro en el baño de su casa. El hecho terminó en tragedia. Fue el 23 de febrero de 2003. Desde entonces está presa.

No es el primer revés que recibe en la Justicia jujeña: el hombre acusado de la violación no fue detenido cuando ella lo denunció, permaneció meses en libertad y terminó sobreseído; después de su condena a catorce años de prisión, la Sala II en lo Penal le negó la excarcelación que reclamaba hasta que hubiera sentencia firme; el Superior Tribunal demoró su pronunciamiento más de un año y medio, obstaculizando así la posibilidad de recurrir cuanto antes a la Corte Suprema.

Vargas confía en que el máximo tribunal de la Nación abordará el caso con otra mirada. “Mientras en Jujuy después del fallo de Romina hubo otros dos casos de infanticidio con condena a perpetua, en Córdoba y en Entre Ríos dos mujeres fueron sobreseídas por el mismo delito. Corren otros aires”, señaló la abogada.

Los casos a los que se refirió Vargas fueron los siguientes: en noviembre, la joven María Elizabeth Díaz fue absuelta por un jurado de la localidad cordobesa de Villa Dolores. Estaba imputada de matar a su beba recién nacida, que había sido fruto de los abusos sufridos por parte de su patrón, un hombre de 60 años, casado y con hijos, en cuya casa la chica trabajaba como mucama. A mediados de 2005, la Cámara del Crimen de Paraná también absolvió de culpa y cargo a otra joven, Rita Cerrudo, quien tras parir mató a su beba: durante el juicio se probó que la madre la amenazaba con matarse si ella quedaba embarazada.

La defensa de Tejerina buscará que la Corte Suprema admita los cuestionamientos sobre la pericia psicológica, deje sin efecto la confirmación de la condena y ordene que se dicte un nuevo fallo.