Las celdas de 40 represores alojados en la cárcel de Marcos Paz fueron allanadas ayer en un operativo conjunto de las policías bonaerense y federal, con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en busca de pistas sobre el caso Julio López. El procedimiento había sido pedido al Servicio Penitenciario por Arnaldo Corazza, el juez federal que investiga la desaparición del testigo, y fuentes consultadas por Página/12 coincidieron en que los resultados fueron “positivos” porque fue secuestrada “importante documentación”. La información sobre el allanamiento trascendió apenas se inició, lo que motivó una enérgica queja de las ex abogadas de López y organismos de derechos humanos, que acusaron a la Federal de “poner en riesgo el operativo al filtrar el dato a la prensa”, y echaron sospechas de que “la fecha elegida tenga un afán mediático, ante la proximidad del aniversario del 24 de marzo”.

En respuesta a las críticas, una alta fuente del Ministerio del Interior enfatizó que el momento fue decidido por el juez Corazza y dijo tener a la vista la orden del juzgado. En la prisión allanada están detenidos el condenado Miguel Etchecolatz, sus ex colaboradores y otros represores de la dictadura como Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo, Julio Simón, alias “el turco Julián”, y Pascual Guerrieri, entre otros.

Habían pasado pocas semanas desde que López, el albañil de 77 años que aportó su testimonio y contribuyó a la condena de Etchecolatz por delitos cometidos en el marco de la represión ilegal, fue visto por última vez en su casa de Los Hornos. Durante uno de los actos por su aparición, una de sus compañeras en el juicio, Nilda Eloy, afirmó que había que buscar a los secuestradores apuntando a la cárcel de Marcos Paz. En el verano esa sugerencia se plasmó en una de las hipótesis más fuertes que viene manejando el juzgado de Corazza. El fiscal federal del caso le pidió que tome medidas para evitar que el ex comisario y quienes fueron miembros de su patota compartan el mismo espacio. El magistrado transmitió esta inquietud de manera verbal a la Secretaría de Seguridad bonaerense, que la llevó al Ministerio de Justicia de la Nación. La respuesta fue que no hay otro lugar para alojarlos. Aun antes de su detención y juzgamiento, el chofer del represor Miguel Etchecolatz, Mario Guallama, aseguró que “nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”, frase que inquietó al fiscal Sergio Franco. Ahora Guallama les ceba mate a otros represores.

Las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, que representaron a López en el proceso contra Etchecolatz, habían pedido una serie de medidas sobre los movimientos de los represores en su cautiverio, pero no surgía nada. Al parecer, los ex militares y ex policías condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos tienen privilegios que no poseen los presos comunes, como teléfonos celulares y computadoras portátiles, por lo tanto resultaba inútil la intervención de las líneas del penal.

Hace diez días el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, se reunió con el juez Corazza y con los familiares de López para analizar el paso a dar. Una fuente oficial admitió a este diario que “es posible” que también hayan conversado sobre el malestar de la familia por las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos Rodolfo Mattarollo ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), cuando dijo que había “progresos sustanciales” en el caso López.

El magistrado era consciente de que no podía concretar una medida semejante con éxito si no la implementaba en forma conjunta con el Servicio Penitenciario Federal. Pasó una semana hasta que esa dependencia le informó que estaba en condiciones de hacerlo, y fue así que ayer salió el pedido formal desde el juzgado federal de La Plata. El objetivo era dar con la conexión entre el interior del penal y el exterior, en la hipótesis de que quienes secuestraron a López son una banda mixta de ex militares y policías exonerados que tienen relación con los detenidos. Una agencia de seguridad perteneciente a un amigo de Etchecolatz sería el nexo, tal como anticipó Página/12 la semana pasada. Fueron revisadas 40 de las 44 celdas en las que pasan sus días los represores de Marcos Paz, y habrían sido requisados tres presos, entre ellos Etchecolatz. Los hombres del superintendente de Investigaciones de la bonaerense, Hugo Matzkin, junto a los de la Federal y de la SIDE, pretendían encontrar “elementos de comunicación no permitidos”, dado que las llamadas de línea ya estaban bajo vigilancia. Pero sólo dieron con las tarjetas de los celulares y no con los aparatos. “Esto se repite, no se puede trabajar ni el caso López ni un caso de gatillo fácil con fuerzas como éstas, que son las sospechadas. Hay que crear una fuerza autónoma, ni policial ni militarizada”, se lamentó y propuso Godoy. El material secuestrado durante el procedimiento, que se extendió hasta la noche, quedó en cajas lacradas en Seguridad bonaerense.

La preocupación del juez Corazza por los conciliábulos que puedan tejerse la cárcel de Marcos Paz nació en los primeros días en que se hizo cargo del caso. Por eso puso bajo la lupa al entorno de Etchecolatz, sus visitas, sus familiares, sus vínculos y sus llamadas. El ex jefe de Investigaciones de la bonaerense comparte sus horas no sólo con su ex chofer, sino también con otros ex colaboradores como Carlos “Oso” García y con los represores que están presos por el secuestro de la nieta de Chicha Mariani. También están alojados allí Norberto Cozzani, un ex cabo de la bonaerense que se jacta de haber desbaratado al grupo Graiver que fue condenado por apremios ilegales, los detenidos por la causa de la Unidad 9 del Servicio Penitenciario de La Plata y los procesados en el marco de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.

Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el día que iba a presenciar la sentencia del Tribunal Federal 1 de La Plata. Pero nunca llegó.