“Es una cárcel. Para ellos, nosotros no éramos nada.” Sergio González describe cuatro años de sufrimiento. Los cuatro años que él, su hermano y un amigo llamado Luis Ibáñez, todos jóvenes de menos de 20, pasaron en el penal de Olmos imputados por un asesinato ocurrido en 2003 que, según determinó ahora por unanimidad el tribunal que los juzgó, no cometieron. Sus abogados aseguran que “los detuvieron a ellos por ser humildes” y “para hacer figurar en las estadísticas un crimen resuelto”. Ahora iniciarán un juicio contra el estado bonaerense por daños y perjuicios.

Sergio y Antonio González e Ibáñez habían sido detenidos en marzo de 2003 en Virrey del Pino, cuando pararon a ver un auto chocado contra un árbol, al igual que otros vecinos y curiosos. Sin mediar palabra, un sargento los detuvo “por averiguación de antecedentes”. Días después, los acusarían por el asesinato del conductor del vehículo que había colisionado.

Tras cuatro años de prisión, el pasado 3 de abril el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Matanza los absolvió, cuestionó fuertemente la instrucción que los mantuvo encerrados y ordenó abrir una investigación para determinar responsabilidades en las detenciones. Difícilmente eso pueda resarcir a los chicos, y en particular a Ibáñez, quien mientras estuvo encarcelado sufrió la muerte de su padre y dos hermanas.

“Che, ¿qué habrá pasado”, preguntó uno de los chicos mientras se acercaban caminando al lugar donde estaba el auto, en aquella mañana de sábado de marzo, hace cuatro años. “No sé, pero para mí fue un borracho que chocó”, especuló otro. Volvían a sus casas junto a otros tres amigos, luego de visitar a un pariente de Ibáñez. La curiosidad les ganó a ellos y a otro chico, de nombre Maximiliano. Los dos restantes prefirieron seguir camino hacia sus hogares.

Sergio, Antonio, Luis y Maximiliano llegaron al lugar, lleno de curiosos, policías y bomberos. Pero no alcanzaron a sacarse la duda sobre qué había pasado. Antes, un sargento de la comisaría de Virrey del Pino los apuntó con un arma, los palpó de armas y los detuvo. “Cuando nos dio la voz de alto, yo miré para atrás porque pensé que se lo decía a alguien que venía detrás de nosotros”, contó a Página/12 Sergio González. Los chicos le preguntaron por qué los demoraba. No respondió. Camino a la comisaría, en una camioneta de la policía, se enteraron que los llevaban “por averiguación de antecedentes”.

Horas después, cuando ya estaban en el destacamento, sus familiares los fueron a buscar. Según el abogado de los jóvenes, Enrique Viviano Hidalgo, les dijeron que los habían detenido por “disturbios en la vía pública” y que, como se trataba de una contravención, no los podían liberar hasta el lunes siguiente. “Después los incomunicaron y labraron un acta en la que los declaraban sospechosos por el homicidio de Cristian Ariel Gómez, el remisero que conducía el auto chocado y que había sido asesinado una hora y media antes de que los chicos pasaran por el lugar del hecho. No tenían ninguna prueba contra ellos, y había muchos testigos que declararon que a la hora del homicidio los vieron a todos juntos en otro lado”, relató Viviano Hidalgo.

El siguiente e intempestivo paso de la Justicia fue alojarlos en la cárcel de Olmos, mientras se llevaba a cabo la instrucción para el juicio oral y público. “Nos llevaron a los tres juntos a un pabellón de homicidas. Al poco tiempo las autoridades del penal se dieron cuenta de que no nos podíamos adaptar a ese sector, y nos mandaron a otros, pero ahí nos separaron. A partir de ese momento, nos veíamos sólo los días de visita”, recuerda Sergio, con impotencia en la voz.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl