“El paro y la movilización nacional del lunes estuvieron muy bien. Demostró que hay cosas que la gente no quiere que ocurran más, como la muerte del compañero Carlos Fuentealba. Nosotros vinimos a Buenos Aires para hablar con la Ctera y que se ponga a la cabeza de este reclamo. Si no hay solución, si no se unifica la lucha, puede haber más represión.” El que habla es Pedro Muñoz, secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac), el gremio de la provincia del presidente Néstor Kirchner, que desde el 5 de marzo cumple con un dictado de clases intermitente: con paros de 72 o 48 horas por semana. La central docente empezó a sondear ayer alguna alternativa de diálogo en la Casa Rosada. La presencia de los gendarmes custodiando las escuelas es un factor de irritación extra que terminó de sellar cualquier resquicio de negociación.

Desde Buenos Aires resulta casi incomprensible el crescendo del conflicto en una provincia que, según los datos del censo del 2001 tiene una población de 196.958 personas, el total de alumnos asciende a 74.992 y el de docentes a 7151. En otros términos se puede decir que la provincia de Buenos Aires tiene más docentes (250 mil) que población Santa Cruz.

Los montos en juego también tienen otra magnitud: el salario inicial llegó a 1800 pesos, uno de los más altos del país –muy por encima de los 1040 fijado como piso por la Nación–, de los cuales sólo 161 pesos integran el básico, el más bajo del país (la suma sobre la que se calcula la antigüedad que llega al 120 por ciento a los 24 años y se realizan los aportes previsionales y sociales). Además, el presentismo asciende a 250 pesos por cargo y hay una suma fija no remunerativa ni bonificable de 600 pesos.

El gobierno de Santa Cruz sacó una solicitada en la que informa que “un docente que decida jubilarse hoy y que gana 2170 pesos de bolsillo recibirá como jubilación 1758 también de bolsillo”. El gremio señaló que “es cierto, pero lo irregular es que llegan a ese monto porque le pagan también a los jubilados los 600 pesos, sobre los cuales no se aplican los aportes que dispone la ley. Esto muestra la precariedad, porque eso lo dispusieron por un decreto y lo pueden derogar de un plumazo”.

Muñoz, junto con Eduardo James, secretario adjunto de ADOSAC, explicaron a Página/12 que el reclamo es “el blanqueo de los 850 pesos que suman el presentismo y esa suma de 600 pesos”, así se llegaría a un básico de alrededor de 1110 pesos. Esos 850 pesos tampoco se cuentan a la hora de calcular el aguinaldo. Como esa recomposición tendría un impacto muy alto por la incidencia de la antigüedad, el gremio está dispuesto a discutir la escala salarial, es decir modificar la relación jerárquica entre cargos (de preceptor a supervisor, pasando por directivos y docentes).

El fin de semana pasado, los maestros recibieron sus sueldos con el minucioso descuento de los once días de paro de marzo. Consecuencia, en lugar de cobrar 1800 de inicial, recibieron apenas 900 pesos. Ese se transformó entonces en un nuevo punto de reclamo.

El racconto del conflicto muestra que el diálogo no ha sido la regla. Muñoz y James recuerdan que poco después de haber asumido como gobernador en diciembre del ’91, Kirchner aplicó el presentismo y la emergencia económica que sigue vigente y, de hecho, impide la convocatoria a negociaciones paritarias. “Este es el gobierno que devolvió la discusión paritaria excepto en la provincia del mismo Presidente”, repite Muñoz.

El viernes previo al inicio de clases, la titular del Consejo de Educación provincial, Silvia Esteban, dijo que no aumentarían los sueldos. El sábado, la asamblea dispuso paros semanales y el mismo lunes 5, la virtual ministra anunció un aumento del 15 por ciento en la masa salarial, que se tradujo en otra suma fija de alrededor de 300 que elevó el inicial de 1500 a 1800 en marzo.

Los paros se completaron con movilizaciones por Río Gallegos y frente a la casa de Kirchner. En una de ellas se ensañaron cantándole el Feliz Cumpleaños a la hermana del Presidente, Alicia. En el pago chico el desafío sonó imperdonable y los contactos se anularon tras las palabras del obispo Juan Carlos Romanín en favor de la protesta gremial. En el medio se reforzó la presencia de gendarmes custodiando las escuelas. Pasó más de un mes sin diálogo, ahora con la gestión de la Ctera se está intentando encontrar un atajo que acerque posiciones.