Una nueva cruzada contra la anticoncepción de emergencia apareció, ahora en Tierra del Fuego. A pedido de un asesor pupilar de menores, una jueza de Ushuaia dictó una medida cautelar y ordenó al gobierno provincial suspender la distribución de la llamada píldora del día después con el argumento de que se trata de un método abortivo. Las autoridades sanitarias fueguinas apelarán el amparo, pero además, el Ministerio de Salud de la Nación subirá la apuesta, pedirá ser aceptado en la causa y solicitará que pase a la Justicia federal porque se está afectando el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a través del cual se envía a todo el país para su entrega gratuita el método reservado para situaciones de emergencia. El ministro Ginés González García criticó en duros términos la decisión judicial y consideró que “se basa en líneas argumentales provenientes de fanáticos religiosos”. “La Justicia no puede funcionar con creencias personales o religiosas basadas en falacias. Este método previene abortos, no los provoca”, replicó González García, en declaraciones a Página/12.

El fallo judicial enojó al ministro de Salud y candidato a legislador porteño. “Es fundamentalmente discriminatorio porque limita el acceso de la píldora a quienes tienen dinero para comprarla en la farmacia”, señaló a este diario. Y agregó: “La Justicia tiene que dejar de emitir fallos que afecten directamente a los pobres: queremos que las mujeres más vulnerables, porque tienen menos información, menos dinero o menos años, tengan el mismo derecho en el acceso a la información y a los anticonceptivos y los procedimientos a los que cualquier mujer argentina que tiene dinero puede acceder en las farmacias”, dijo González García.

A comienzos de marzo, el ministro anunció que incorporaría la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, a través del cual se compran y entregan anticonceptivos a todas las provincias. Varias de ellas, entre ellas Tierra del Fuego, ya venían distribuyendo la píldora “del día después” gratuitamente desde programas provinciales.

La cruzada contra la AHE en la ciudad más austral del país se inició a partir de una medida cautelar presentada en la Justicia por el asesor pupilar de menores Julián De Martino, en representación de los “niños por nacer”. De Martino alegó que la píldora sería abortiva. La jueza de Competencia Ampliada de Ushuaia, María Adriana Rapossi, entendió que existían “elementos suficientes para tener por acreditados los requisitos de la medida cautelar peticionada” y ordenó el viernes al gobierno fueguino que suspendiera el suministro gratuito de la AHE. La magistrada alegó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de marzo de 2002, que con la mayoría automática menemista prohibió la venta de una versión de la píldora del día después, en un fallo sin ningún fundamento científico que se caracterizó por repetir los argumentos de la Iglesia Católica sobre el método. Pero la sentencia del máximo tribunal quedó sin efecto casi de inmediato, ya que se refería a una versión de la AHE que ya no estaba en el mercado.

Aquella cruzada judicial contra la anticoncepción de emergencia fue iniciada también por un recurso de amparo presentado por la ONG Portal de Belén, ligada a la Iglesia Católica. De Martino desempolvó esa fallida sentencia y la magistrada la convalidó. La jueza dijo que hizo lugar a la medida cautelar “por cuanto la droga en cuestión (levonorgestrel) puede interferir con la implantación del embrión ya fecundado, lo que atenta contra el máximo bien del hombre que nuestra legislación protege desde el momento mismo de la concepción en el seno materno que conforme lo dejó claramente establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación... se produce en el momento mismo de la unión de los dos gametos aunque aún no haya tenido lugar la implantación del cigoto en el endometrio femenino”.

El asesor pupilar solicitó también que se prohibiera la comercialización de la AHE, pero la jueza decidió que no tenía competencia para impedir su venta. La autorización de la comercialización depende del Estado nacional a través de la Anmat.

Esta es la primera acción judicial que trasciende contra la AHE desde que el gobierno nacional anunció que la distribuiría a todas las provincias a través del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En Córdoba, a mediados de marzo, la asociación civil Portal de Belén –la misma que había iniciado la causa que terminó en 2002 en la Corte Suprema– envió una carta al ministro de Salud provincial advirtiendo de los supuestos efectos abortivos y contraindicaciones del método, pero no presentó acciones judiciales.

Antes de pedir la medida cautelar, De Martino le había reclamado al ministro de Salud de su provincia, Alejandro Guidalevich, que se tuviera en cuenta la existencia de la mencionada sentencia de la Corte. “Este señor es un fanático religioso. No es un defensor de menores, es un agresor de mujeres”, dijo González García sobre De Martino en declaraciones a Radio Continental.

“Este es un método que se usa acá y en todos los lugares del mundo cuando hay una situación de emergencia, un accidente o una violación. No se puede someter en forma irresponsable a un proceso de judicialización de la salud alentado por corrientes retrógradas que no tienen en cuenta al bienestar de los que menos tienen”, dijo González García a este diario. “La Justicia no puede funcionar con creencias personales o religiosas basadas en falacias. Este método previene abortos, no los provoca”, agregó.

Las autoridades fueguinas tienen plazo hasta hoy a las 13.30 para apelar el amparo. Según pudo saber este diario, el Ministerio de Salud de la Nación lo asesoró legal y científicamente para responder la demanda. González García anunció que la Nación se presentará como parte interesada en la causa y pedirá que pase a la Justicia federal, ya que afecta el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.