Las víctimas de violencia familiar tienen ahora un número donde pedir ayuda: el 137, para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y si los pronósticos no fallan, en poco tiempo, tendrán una ley que las proteja y que sancione al agresor. Se trata de dos iniciativas lanzadas por el programa “Las víctimas contra la violencia”, dependiente del Ministerio del Interior. “Es imprescindible que la violencia hacia la mujer sea considerada una violación de los derechos humanos y que las víctimas reclamen asistencia del Estado”, destacó la psicoanalista Eva Giberti, coordinadora del programa.

Los casos de violencia familiar, muchos de los cuales terminan en forma trágica, motivaron la elaboración de un proyecto de ley que se centra en facilitar las denuncias y promover sanciones al agresor. También apunta a prevenir el maltrato doméstico, definido como “la acción, omisión o manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte a la integridad física, psicológica, emocional, sexual, económica y/o la libertad de un integrante de su grupo familiar o conviviente”, cita la iniciativa, a la que tuvo acceso Página/12.

Una de las reformas más innovadoras, explicó Giberti, es la que faculta a cualquier juez o jueza a recibir la denuncia en una primera instancia y luego derivar las actuaciones al ámbito adecuado. “No sería necesario esperar al juez de familia –como ocurre ahora–, sino que cualquier magistrado podría actuar ante el problema. Esto permitirá no perder tiempo y no dejar desamparada a la víctima”, explicó Giberti.

En el mismo sentido, la iniciativa prevé la creación de la figura del juicio por violencia familiar señalada por sus impulsores como una “innovación fundamental”, que permitirá sancionar al agresor, reparar el daño causado y derivar al hombre violento a programas especializados.

“A partir de este proyecto, el juez contará con diferentes herramientas para sancionar al sujeto, antes de derivarlo a psicoterapia. No sirve de nada obligarlo a tratarse”, sostuvo la coordinadora del programa. “El sujeto violento es un hombre que disfruta del abuso de poder y, salvo situaciones específicas, no hay forma de comprobar que tiene una patología. No penamos al transgresor diciendo que está enfermo, sino que hay que decirle que su conducta no es tolerada porque viola los derechos de las mujeres”.

–A través de la sanción al hombre violento, ¿éste puede tomar conciencia o entender lo incorrecto de su conducta? –preguntó Página/12 a la psicoanalista.

–Puede entenderlo o puede seguir con su conducta. Pero en ese caso, se agravarían las penas. Este proceso va a llevar tiempo pero tiene que saber que la sociedad lo va a penalizar.

Si el Congreso aprueba el proyecto, los profesionales de la salud y los trabajadores sociales que detecten una situación de maltrato familiar y la denuncien estarían protegidos ante el peligro de ser víctimas de un ataque del agresor denunciado. “Cada juez arbitraría las medidas de protección necesarias en cada caso”, señaló Giberti. También, los familiares y vecinos de la víctima podrían estar legitimados para denunciar el maltrato en una comisaría o juzgado.

El proyecto fue presentado por Giberti el lunes, cuando difundió el primer informe sobre el trabajo desarrollado por la Brigada Móvil contra la Violencia Familiar, que funciona desde octubre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires, las 24 horas y los 365 días del año. Se trata de un móvil no identificado, integrado por un psicólogo, un trabajador social y dos oficiales de policía, que asistió en cinco meses a 453 personas que pidieron auxilio ante una situación de violencia.

El equipo de profesionales tiene la función de ayudar a la víctima en el momento en que es agredida. Mientras que la policía se encarga del agresor y de requerir la intervención de la Justicia, los profesionales de la salud asisten a la víctima. En ese instante se puede decidir el traslado a un hospital, su derivación a hogares de tránsito de la ciudad o a los equipos de seguimiento que funcionan en zona norte y sur porteña. “Allí, tres abogados asesoran a la víctima respecto de iniciar o no una denuncia o ver cómo se puede tramitar jurídicamente.”

El trabajo de la brigada se incrementó a partir de la habilitación en marzo pasado del número de teléfono gratuito 137, que –según se explicó– fue utilizado pese a que recién ayer se presentó públicamente. En ese tiempo no sólo se recibieron pedidos de ayuda por parte de las víctimas sino consultas de mujeres e instituciones de distinta índole.

Giberti, en el marco del programa, presentará también la semana próxima un proyecto de ley contra el tráfico de niños. Un primer bosquejo define la trata como un delito “contra la dignidad y la libertad”, incluye un endurecimiento de las sanciones para los agentes intermediarios de la venta y establece la identidad del niño hasta los 10 años. “La legislación se refiere a tráfico de bebés, lo que constituye la clave del tráfico en nuestro país, pero no instala el tráfico de niños mayores”, sostuvo.

Informe: Elisabet Contrera.