Ana María Acevedo murió el jueves a la noche, en una cama del hospital Iturraspe de Santa Fe, a los 20 años, por un sarcoma de maxilar que la fue dejando sin aire, con la cara desfigurada y terribles dolores. Durante cinco meses soportó un embarazo, contra su voluntad, por la decisión de los médicos que priorizaron la vida del embrión desde que ella llegó a tratarse, en diciembre, cuando estaba apenas de tres semanas. No cumplieron con su deber de indicar un aborto terapéutico y ahora se amparan en el mal pronóstico de la enfermedad. Mientras tanto, la joven no pudo recibir los tratamientos de rayos y quimioterapia indicados para su cuadro clínico. No le dieron la chance de pelear para vivir o, al menos, mejorar su forma de morir. Su historia muestra los efectos de la desigualdad y el avasallamiento de derechos fundamentales: ser mujer y pobre fue una combinación fatal. “Todos los días le lloraba, le pedía, le rogaba al director del hospital para que salve a mi hija. Nadie nos hacía caso”, dijo Norma Cuevas, durante el velorio de su hija en la sala de Cáritas en la localidad de Vera.

El abandono que sufrió Ana María de parte del Estado comenzó en mayo del año pasado en esa pequeña ciudad de 20.000 habitantes en el norte de Santa Fe, a 250 kilómetros de la capital provincial. Casi analfabeta, como sus padres, vivía en el barrio de la sección 5, cerca del cementerio, en una zona de casas construidas con planes oficiales. Tenía 19 años, tres niños pequeños y sobrevivía con un plan social. Había sido madre niña, como la suya, que hoy tiene 37 años.

En mayo del año pasado Ana María recurrió al Centro de Salud (Samco) de Vera porque le dolía la boca. La odontóloga Gabriela García le extrajo una muela y le indicó antibióticos. Y los dolores persistieron. Durante cuatro meses, esta profesional impidió que la deriven hacia hospitales de mayor complejidad de la provincia. El padre de la médica, integrante del consejo asesor del Samco, se negaba a firmar un papel que permitiría trasladarla sin costo. Finalmente, y ante dolores cada vez más insoportables, Ana María llegó a principios de noviembre al hospital Cullen de Santa Fe. Había transcurrido un tiempo precioso. Allí le extrajeron una parte del sarcoma y la derivaron al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe para un “tratamiento paliativo” de quimioterapia y rayos. No le informaron que debía evitar un embarazo. Tampoco tomaron en cuenta el pedido de ligadura de trompas que había realizado un año antes, por incompatibilidad sanguínea con sus tres hijos nacidos por cesárea. Una ley provincial amparaba ese pedido, pero fue otro derecho que le negaron.

Ana María estuvo en condiciones de comenzar el tratamiento oncológico el 29 de noviembre. En el hospital le indicaron que volviera en diciembre, y cuando volvió ella alertó al médico que tenía un atraso. Ante el embarazo de tres semanas, nadie le brindó información precisa sobre un posible aborto terapéutico. Sólo le dijeron que no podían hacerle la quimioterapia ni los rayos. Estuvo internada hasta el 24 de diciembre, asistida sólo con analgésicos. Si bien el director del hospital, Andrés Ellena, subraya que ese día ella firmó un alta voluntaria, otros profesionales del mismo centro de salud afirman que es habitual que los pacientes pasen las fiestas en sus casas. Pero no está claro por qué no le prescribieron una rápida vuelta. “Para qué se iba a quedar si no estaba recibiendo tratamiento”, razona el abogado de la familia de Ana María, Ulrich Lehmann. El embarazo avanzaba y ella no accedía a los cuidados paliativos por el sarcoma. “En el hospital le dijeron que no vuelva hasta el 10 de marzo”, puntualiza Norma.

En enero, Ana María andaba en bicicleta por Vera, en una admirable muestra de energía. Volvió al hospital, desfigurada y muerta de dolor, el 15 de febrero. Recién el 22, los médicos del Servicio de Oncología le pidieron al Comité de Bioética que analizara el caso. En las actas de esa reunión, que se realizó una semana después, consta que la consulta se demoró en exceso. No aconsejaron el aborto terapéutico y sugirieron inducir el parto en la semana 24. Ana siguió esperando –con un tratamiento que no llegó a aliviarle el dolor– hasta que la incompatibilidad sanguínea con el feto apuró los tiempos para el 26 de abril. “Yo le preguntaba al doctor del hospital para qué le van a dejar el embarazo si no están seguros de darme a una ni a la otra”, argumentó Norma, con la voz ahogada por la indignación. La otra es la beba que sobrevivió sólo un día con sus 450 gramos.

Para entonces, la salud de Ana María estaba demasiado deteriorada y la primera sesión de quimio derivó en una traqueotomía. Desde entonces, debió estar dopada, y poco después entró en coma farmacológico. Sin haber podido pelear con todas las fuerzas que le admiraron quienes la conocieron en el hospital, murió el 17 de mayo.

Durante la internación, Norma le rogaba al director del hospital que hiciera algo por la salud de su hija, que “le sacara el bebé”. Ellena se ampara en que no existe un pedido por escrito. “El me dijo que no fuera al juez ni a los medios porque no iba a ganar nada”, aseguró Norma. Después de la muerte de Ana María, Ellena se defiende: “En una medida de ese tipo, o se hace un pedido al juez directamente o hay que hacerlo por escrito”. Pero se contradice al decir que “ningún profesional pidió un aborto terapéutico. La familia no tiene criterio para pedirlo”.

El abogado de la familia presentará una denuncia penal por mala praxis y una acción civil por daño moral. “Era obligación de los médicos del hospital indicarle a Ana María un aborto terapéutico. No haberlo hecho es una falta grave”, afirma Lehmann. Y puntualiza que en este caso, por el artículo 86 del Código Penal, no hace falta la autorización judicial.

Ante las preguntas, Ellena responde: “Nosotros estábamos cuidando una vida que podía llegar a buen término”. También admite que esta decisión impidió el tratamiento de Ana María, aunque subraya una y otra vez que se trataba de un paliativo, por el mal pronóstico del sarcoma. “Desde el punto de vista médico no había ninguna posibilidad de curación, de acuerdo con el cuadro y las estadísticas”, afirma. Sin embargo, reconoce que “en medicina dos más dos no es cuatro”.

En cuanto a las decisiones sobre la falta de tratamiento oncológico, indica: “Los jefes de servicio valoraron a la enferma. Yo no puedo hacerlo porque no es mi especialidad”. El jefe de Oncología es Germán Blajman.

Ellena enfrenta un pedido de renuncia de la delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, Stella Vallejos. “Priorizaron sus convicciones religiosas antes que el Código Penal”, repudia la integrante del equipo legal de la Multisectorial de Mujeres, Paula Condrac.

Sobre todo, Lehmann se refiere a la lesión de los derechos humanos de Ana María. “La tortura que pasó al estar cinco meses sabiendo que se iba morir, con dolores, porque no le podían hacer la analgesia total, el avasallamiento que sufrió a su dignidad, de eso no habla Ellena”, se indigna. “Acá hubo una violación a derechos humanos fundamentales, como son la salud y la vida. Le dijeron que no le iban a tratar su enfermedad, le negaron su dignidad de persona, le hicieron soportar fuertes dolores durante meses, sin darle ninguna expectativa de pelear”, argumenta.

El director del hospital retruca a la mamá de Ana María. “Se hizo todo lo posible para salvar a su hija. Desde tratarle la sensibilidad a un RH negativo hasta mantener con vida al bebé”, insiste. Pero Norma no está dispuesta a quedarse callada: “Quiero que me citen delante de los dos doctores a los que les lloré para que hagan algo por mi hija. Ella quería hacerse el tratamiento”.