Ante los ministros de Seguridad y los jefes policiales de todo el país, el discurso fue cayendo como una sorpresa de esas que da la política de vez en cuando. Con rigor científico y argumentos salidos de la teoría criminológica más crítica, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, lanzó lo que consideró un cambio de eje en las políticas sobre drogas en la Argentina. El asombro llegó al escuchar en plena reunión del Consejo de Seguridad del Estado un “mea culpa” que comenzó con describir un “total y absoluto fracaso” del combate al narcotráfico ante la evidencia de que “los procedimientos son cada vez mayores pero las cárceles están llenas de adictos o pequeños comerciantes”. El dato más contundente entre una decena de conclusiones que justifican el timonazo es que según los relevamientos oficiales el 75 por ciento de los procedimientos realizados por las fuerzas de seguridad son por tenencia para el consumo. Como la “inteligencia criminal” brilla por su ausencia, el 80 por ciento de ellos fueron por “flagrancia”, o sea por un control casual.

Tras una década en la que el narcotráfico parecía para la agenda política un problema que no podía afectar a la Argentina, y sobre todo a la propia ciudad de Buenos Aires, el tema que cruza todas las fronteras se instaló de la peor manera: de la mano de la violencia extrema que se aplica desde las organizaciones de tráfico local para combatir por el territorio y los mercados. La saga de ajusticiamientos entre narcos peruanos afincados desde comienzos de los noventa en el país que llegó al centro de la ciudad no dejó margen para que el Estado nacional revisara los postulados que había mantenido en infinidad de gestiones anteriores: la persecución indiscriminada a todos los actores del largo y complejo camino de las drogas ilegales. Así es que las estadísticas que ahora sacó a relucir el ministro Fernández indican que “no se han logrado las metas perseguidas en las últimas décadas”. “Pese a que ha crecido la frecuencia y cantidad de los decomisos por parte de las fuerzas federales, durante mi gestión entre 2,5 y 3 veces lo decomisado en el 2005 –confesó ante decenas de hombres de traje o uniforme– se acepta de modo generalizado que el porcentaje de droga interceptada es mínimo respecto al que se pone a disposición de los consumidores.”

El diagnóstico expuesto ayer no dejó afuera casi ningún aspecto de la problemática “trasnacional” de las drogas. El ministro dio cuenta del fracaso en la erradicación de los cultivos en los países productores y en la disminución del tráfico y del consumo. De datos que surgen de Naciones Unidas a nivel internacional y del Ministerio de Justicia a nivel nacional, se desprende que “mucho menos” se ha podido “controlar los flujos financieros ilegales o patrimoniales”. “Esto ha originado, en primer lugar, la aparición de poderosas organizaciones de traficantes con gran poder económico, sin parangón en toda la historia de la criminalidad y que en sus niveles medios y superiores han logrado eludir fácilmente la persecución penal nacional e internacional”, reconoció Fernández.

Aunque lo cierto es que las cifras analizadas ayer indican que los productos más consumidos son el alcohol y las sustancias psicotrópicas, seguidos luego por las sustancias prohibidas, el ministro admitió que el “aumento de la oferta está en consonancia con el continuo incremento de la demanda por parte de los consumidores”. “Crece la oferta porque crece la demanda”, dijo. La autocrítica hizo hincapié en que “en la Argentina las políticas estatales han sido de neto corte represivo desde 1974, pero desprovistas de coordinación interjurisdiccional y erráticas, encaminando sus esfuerzos en perseguir al consumidor”. A la hora de evaluar la efectividad del estado en el seguimiento e investigación del contrabando de precursores químicos y del lavado de activos, volvió a usar una palabra que sonó varias veces a lo largo de la mañana en el Hotel NH de la calle Bolívar: fracaso.

Vale la pena citar textualmente el discurso de Fernández: “Estas políticas de neto corte represivo no han sido acompañadas de políticas públicas sanitarias, o sociales o laborales que permitieran un abordaje integral de las diversas situaciones del consumo, lo que ha dejado todo el fenómeno en manos de las fuerzas de seguridad, saturando el sistema de casos de poca monta”. Al mismo tiempo que señaló: “Hay una falencia grave en la respuesta social a las adicciones a las que no podemos menos que adscribir, por ser la policía la primera que ve las consecuencias negativas que el consumo de drogas legales como ilegales genera en nuestros jóvenes”.

El discurso de Fernández apuntó a que las provincias y las fuerzas a su cargo asuman nuevas formas de registro y manejo de la información para evitar los males de los que se lamentó. Entre otros mencionó:

- Lo incautado en cada uno de los procedimientos es nimio.

- En algunos casos de grandes decomisos no hay detenidos.

- Se superponen las jurisdicciones locales y las federales en la inteligencia y la represión.

- No alcanzan los recursos.

- Hay problemas de competencia.

- Hay nichos de corrupción.

El cuadro de problemas que Fernández ahora quiere remediar incluye:

- Información disgregada u oculta que es utilizada sin coordinación, sin seguimiento.

- Desconfianza entre fuerzas locales y federales, y a su vez de éstas con los jueces y fiscales.

- Falta de investigación sobre los bienes decomisados.

- Falta de coordinación y competencia entre los distintos segmentos con el consiguiente despilfarro de los magros recursos con los que se cuenta.

- El 80 por ciento de la capacidad de los laboratorios y de sus cromatógrafos están asignados a pocos gramos de sustancia marihuana y cocaína.

Uno de los anuncios que causó mayor inquietud entre los jefes policiales de todo el país fue el de la creación de “un sistema que permita conocer con exactitud y rapidez la calidad de las sustancias incautadas y vinculación con los procedimientos”. En criollo: esto implica que hoy por hoy es imposible garantizar que la cocaína secuestrada por las fuerzas llegue con el mismo nivel de pureza a la quema que ordenan los jueces mucho después de los procedimientos. Esto, según Fernández, permitirá mejorar la calidad institucional de los diversos organismos tanto en la inteligencia, como represión, como en la calidad institucional, evitando posibles nichos de corrupción.