Si no quieren pagar una multa, los automovilistas bonaerenses deberán conducir sin una gota de alcohol en la sangre. Así lo establece un proyecto de ley de modificación del Código de Tránsito provincial que obtuvo media sanción del Senado provincial. Esta restricción al consumo, sumada a la obligación de los jóvenes, de entre 17 y 21 años, de renovar su licencia cada año son los puntos más novedosos de la iniciativa del gobierno bonaerense para reducir el nivel de accidentes de tránsito en su territorio, declarado en emergencia vial.

Aunque aún falta su tratamiento en la Cámara de Diputados, los legisladores provinciales dan por descontado la aprobación del proyecto que establece, como uno de los puntos más relevantes, la reducción del nivel de alcohol en la sangre de 0,5 miligramo por litro de sangre a cero. Hasta el momento, ese requisito era exigido para los conductores profesionales y de carga, pero no para los de vehículos particulares.

Para fundamentar este cambio, los senadores adjuntaron un conjunto de investigaciones científicas que indican que la mínima presencia de bebida alcohólica vulnera el tiempo de reacción y el modo de hacerlo ante cualquier inconveniente frente al volante, explicó el senador Guillermo Pérez, del Frente para la Victoria, quien defendió la iniciativa en el recinto. “Son usos y costumbres que los bonaerenses debemos incorporar y así evitar tantas muertes en las rutas”, sostuvo. “Es una medida rigurosa, pero que tendrá buenos resultados”, acotó su par de bancada Osvaldo Goicoechea.

Otro de los cambios al Código de Tránsito alcanza a los conductores de entre 17 a 21 años. Los jóvenes deberán renovar su licencia de conducir una vez por año. Si acumulan infracciones, y dependiendo de la gravedad, la autoridad municipal tendrá la obligación de impedir la renovación del documento. Según explicó Pérez, las estadísticas de siniestralidad reflejan que un alto porcentaje de personas de esa franja etaria están involucradas en accidentes de tránsito. “La licencia puede caducar por la retractación de la autorización de los padres o representantes legales”, se aclara en el texto.

Si la iniciativa es aprobada, el gobernador Felipe Solá habrá conseguido el aval para el nuevo Código de Tránsito que fue puesto en marcha en enero pasado a través de un decreto de necesidad y urgencia. Esta medida fue difundida en enero pasado, cuando Solá decretó la emergencia vial debido al alarmante nivel de accidentes de tránsito que se registraba en el territorio.

La norma habilita la instalación de radares para controlar la velocidad de los automovilistas. La policía provincial será la encargada del control del sistema que se implementará en las rutas, autovías y autopistas de la provincia. Este sistema fue implementado en la provincia durante la década del ’90 y eliminado por registrar irregularidades.

La creación de un Registro Unico de Infractores de Tránsito de la provincia (RUIT), en formato on line, donde se unificará información sobre los antecedentes de infractores de todo el territorio, y la incorporación de la educación vial en todos los niveles de enseñanza son otros dos puntos importantes del proyecto. La norma también prevé la prohibición de publicidad en la vía pública para evitar distracciones de los automovilistas.