El 9 de noviembre del año pasado Iara Aylén Robles, una beba de nueve meses, murió aplastada por un tren en las vías del ferrocarril San Martín. Había llegado hasta ahí gateando, ya que vivía en una humilde casilla ubicada a pocos metros. Durante todos estos meses se trabó una pelea de competencia entre dos juzgados y mientras buena parte de la discusión giraba en torno de la culpabilidad de la familia en lo ocurrido, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal ordenó cambiar el eje y que se investigue a los funcionarios públicos responsables de que haya un asentamiento pegado a las vías, que expone a sus habitantes a un peligro constante. Quedarían comprometidos la Secretaría de Transporte y el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe).

La resolución, a la que accedió Página/12, deja la causa en manos del juez federal Ariel Lijo ante la posibilidad de que haya funcionarios estatales implicados y le indica, con un criterio novedoso en el fuero, que tome las medidas necesarias para “poner fin en lo inmediato” a “la situación de riesgo señalada”. Advierte que la existencia de viviendas precarias “a una escasísima distancia de los rieles” genera “un peligro para la vida de las personas” y determina “una suerte de estado de excepción donde el mínimo resguardo del que es acreedor todo habitante de este suelo pareciera estar ausente”.

Las circunstancias en que ocurrió la tragedia, cerca del cruce con la calle Santos Dumont, se pudieron conocer por las imágenes registradas por una cámara ubicada en la locomotora. Para los camaristas Eduardo Freiler, Gabriel Cavallo y el juez subrogante Eduardo Farah, la proximidad de las viviendas precarias al paso del tren es un dato “determinante” porque “ubica la cuestión de quién estaba al cuidado de la menor al momento del hecho en un segundo plano, revelando que la situación insoportablemente riesgosa estuvo dada desde el momento en que los padres de la menor, junto con otras familias, levantaron sus humildes hogares a la vera de las vías”.

El juez Lijo fue el primero en recibir el expediente que se abrió en el momento del accidente al intervenir la policía. El magistrado, sin embargo, consideró que como no se había producido una interrupción de las comunicaciones no había un delito federal en juego. En todo caso, sugirió, pudo haber, por ejemplo, un abandono de persona. La causa fue a parar al juzgado de instrucción 47, que la devolvió al fuero federal con un comentario: “No se puede descartar la responsabilidad que les cupo a la empresa prestadora del servicio público ni a la del ente controlador de la empresa sobre la seguridad vial y prevención del perímetro lindante con las vías ferroviarias, respecto del hecho traído a estudio”.

Desde mediados de 2004 la línea San Martín está a cargo de un consorcio conocido como Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria), compuesto por Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metrovías. Según fuentes judiciales, los organismos que podrían resultar cuestionados son la Secretaría de Transporte, que encabeza Ricardo Jaime, y dentro de ella la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT) como encargada de fiscalizar los servicios públicos. También se incluiría al Onabe, ya que el predio donde se encuentra el caserío donde vivía la beba pertenece al Estado.

“Sin que puedan pasarse por alto los derechos y obligaciones desatendidos por el Estado ante la sola existencia de este tipo de asentamiento precario, es su ubicación en este caso y el tremendo riesgo creado a partir de allí –concluye el fallo– lo que nos posiciona en un punto extremo donde es imposible descartar a priori las responsabilidades penales de quienes desde el sector público, y también del privado, toleraron esa situación que, en principio, no podía ser desconocida.”