La incompetencia del gobierno para enfrentar la emergencia humanitaria creada por el terremoto ocurrido el miércoles 15 al sur de Lima cobró ayer su primera muerte. La víctima fue una niña de apenas un mes de vida, quien falleció de una pulmonía fulminante. Desde hace una semana, cuando su casa quedó inhabitable por el impacto del sismo, la menor vivía, junto con su madre y sus cuatro hermanos, en un parque del poblado de Cañete, 100 kilómetros al norte de Pisco, epicentro del terremoto. A pesar de estar en una ciudad de la costa, de fácil acceso, la familia de la niña nunca recibió ayuda oficial. Estuvieron una semana durmiendo a la intemperie, expuestos al fuerte frío nocturno, reclamando ayuda y quejándose, como miles de damnificados, de que no les llegaba el reparto pese a las afirmaciones del gobierno. Así permanecieron hasta que la beba murió a causa del frío. “Asumimos nuestra responsabilidad”, declaró el ministro de Salud, Carlos Vallejos, al referirse a esta muerte, pero no habló de renuncia y no aclaró cómo asumirá esa responsabilidad.

La muerte de la niña coincidió con las declaraciones del presidente Alan García en las que sostuvo que la ayuda ha llegado al 95 por ciento de los damnificados y que solamente faltaban ser atendidos algunos pueblos apartados. Ambos hechos reflejan el grosero contraste entre las declaraciones oficiales y la realidad de lo que está ocurriendo en la zona del terremoto. La historia de abandono de la familia de la niña es la misma que viven miles de damnificados. “No hay ayuda. Nuestros hijos se están muriendo de hambre, de sed y de frío”, es un grito que ha retumbado entre los escombros todos estos días.

La situación es más complicada aún en los pueblos apartados, aquellos que están camino a los Andes y que también han sido golpeados por el terremoto. Ayer llegó hasta Pisco Guillermo Martínez, regidor del distrito de Ticrapi, para buscar a las autoridades y pedirles que mandaran ayuda a su pueblo, donde, como en muchos otros lugares, no ha llegado nada. “En el pueblo se han caído como 900 casas. La gente está durmiendo en las calles, hay mucho frío y los niños están sufriendo, se están enfermando. La situación es terrible. Necesitamos que manden ayuda urgente”, era el angustiado pedido de Martínez. Tal como lo hicieron antes, las autoridades respondieron que la ayuda sí está llegando.

Un ejemplo de la improvisación con la que el gobierno está manejando la emergencia es la falta de un censo de damnificados, por lo que no hay cifras exactas de su número. Oficialmente se habla de 80 mil damnificados, aunque extraoficialmente algunos ponen esa cifra en 150 mil y otros en 250 mil. Recién ayer, a una semana del terremoto, el primer ministro, Jorge del Castillo, anunció la realización de un censo de damnificados para tener información que permita distribuir adecuadamente la ayuda, pero aclaró que este censo recién comenzará dentro de una semana y que los resultados estarían listos para septiembre. Hasta ayer el número de muertos era de 514, pero se estima que la cifra final será mayor.

Por otra parte, ayer apareció ileso el último ciudadano argentino que permanecía desaparecido luego del terremoto. Se trata del cordobés Miguel Molinero, de 54 años, quien ayer en la noche se reencontró en Pisco con sus hermanos Mario y Oscar, quienes el martes llegaron a Lima desde Argentina para buscarlo. “Tenemos la esperanza de encontrarlo con vida, aunque sea herido, pero si no, bueno, venimos preparados a todo porque uno sabe cómo es esto”, le había dicho Mario Molinero a Página/12 antes de partir en un ómnibus a Pisco para buscar a su hermano. Poco después, llegaría al Consulado argentino en Lima la información de que Miguel estaba bien y que no se había comunicado con su familia por los problemas en las líneas telefónicas. Le enviaron la información de que sus hermanos estaban yendo a Pisco en un autobús y fue a esperarlos a la estación. Ahí se reencontraron, y se acabó la angustia.