El Senado aprobó ayer y giró a la Cámara baja un proyecto de ley que obliga a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a prestar atención médica, psicológica y quirúrgica a quienes padezcan trastornos de obesidad, bulimia y anorexia.

La iniciativa que declara de interés nacional a la prevención de los trastornos alimentarios fue votada a favor por 50 legisladores y sólo la rechazó la justicialista Adriana Bortolozzi. La senadora formoseña que dijo no sentirse discriminada por su peso, “aunque no quepo en los pasillos del recinto”, consideró que la cuestión “no es prioritaria” y advirtió que el proyecto “servirá para que ganen dinero quienes realizan by pass gástrico por unos 40 mil pesos de honorarios”.

Sin embargo, senadores de distintas bancadas reconocieron la necesidad de sancionar una ley que promueve campañas de educación y prevención en un país que –según dijo la oficialista Haydeé Giri– marcha en segundo puesto, detrás de Japón, en materia de obesidad.

Legisladores opositores y oficialistas advirtieron además que la obesidad no es una cuestión estética sino relativa a la salud, ya que la Organización Mundial de la Salud la considera desde hace tiempo como “una plaga que se extiende”.

Si bien la mayoría de los legisladores admitió que el mayor problema alimentario en la Argentina es la persistencia de bolsones de hambre, todos los oradores exhibieron un consenso favorable hacia una norma que apunta a prevenir, educar y atacar los trastornos alimentarios.