Una mujer de 55 años, con discapacidad mental, fue rescatada ayer de una casa ubicada en la localidad bonaerense de San Miguel, donde estaba en situación de abandono, bajo encierro, en mal estado de salud y sin contar con las más mínimas condiciones de higiene. La mujer, que había quedado huérfana hace un tiempo, estaba en poder de una abogada, que ahora está prófuga, quien estaba gestionando la curatela (tutela de una persona con discapacidad), con la presunta intención de adueñarse de los bienes que había heredado la víctima. La policía detuvo al esposo de la abogada, cuyo paradero se trata de establecer.

La mujer secuestrada, cuyos datos se mantienen en reserva, fue liberada por policías de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, quienes allanaron una vivienda ubicada en Presidente Perón 2142, de la mencionada localidad, luego de recibir la denuncia formulada por sus vecinos, preocupados por la extraña ausencia –desde hacía unos meses– de la discapacitada.

Una fuente policial dijo que para entrar a la casa, los agentes tuvieron que romper las cadenas que impedían abrir las rejas de la entrada. “Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de una mujer que dijo ser vecina de la víctima, a quien habían dado por desaparecida desde hacía algunos meses”, explicaron las fuentes. La policía detuvo al esposo de la abogada, quien fue llevado a la DDI de San Martín y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Investigaciones 19 de los tribunales de San Martín. Está acusado de “privación ilegítima de la libertad”.

La víctima vivía con su madre y al fallecer ésta, quedó al cuidado de un grupo de vecinos, hasta que la abogada comenzó los trámites para obtener la curatela. Los vecinos contaron que la abogada tomó posesión del departamento de la víctima y luego se la llevó a su propio domicilio, donde la mantenía encerrada. Un trabajo realizado por la Fundación Par, sobre la base de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI), asegura que en la Argentina hay 2,8 millones de personas que afrontan algún tipo de discapacidad física o psicológica. Del total, sólo dos de cada diez tienen el certificado que les permite recibir las prestaciones básicas de salud.

El relevamiento demostró que más de la mitad de las personas que afrontan alguna discapacidad paga con dinero propio el servicio de salud, dado que no recibe ayuda del Estado. El 40 por ciento de las personas con discapacidad en Argentina es pobre, casi el 20 por ciento tiene problemas de desnutrición y el 80 por ciento que está en condiciones de trabajar permanece desempleado. La semana pasada una jueza ordenó al Ministerio de Salud que reglamente y aplique una ley sancionada en 1997 que otorga ayuda económica a discpacitados en “estado de necesidad”.

La resolución de la jueza Claudia Rodríguez Vidal fue apelada por la cartera sanitaria, que dijo no tener responsabilidad en el caso, a la vez que sugirió que la orden fuera remitida al Ministerio de Desarrollo Social. El fallo judicial hizo lugar a la acción de amparo de una mujer que padece artritis reumatoide. Eso la obliga a movilizarse en silla de ruedas y le provoca un deterioro físico progresivo que requiere de cuidados especiales que no puede afrontar por su situación económica.