Laura conservó la categoría de empleada “ejemplar” hasta el día que llegó a la oficina su nuevo jefe. Como él no la consideraba eficiente le arrebató los clientes de la firma que ella tenía a su cargo, después de haberla humillado ante sus colegas. Como no estaba conforme con su aspecto, cambió sus funciones para que no fuera la cara visible de la institución. Y la obligaba a llegar al trabajo 15 minutos antes que los demás. Su martirio duró pocos meses: los ataques de pánico, la depresión y el estrés provocados por el maltrato constante la obligaron a abandonar su trabajo. Laura es una de las más de 300 personas asistidas este año por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Según un estudio de este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, cerca del 60 por ciento de las denuncias fueron realizadas por mujeres. Tanto ellas como los varones acuden a realizar la denuncia luego de meses de padecimientos y con enfermedades producidas por la violencia.

La historia de Laura Amoedo es un caso que ilustra en toda su magnitud el fenómeno de la violencia laboral en la Argentina. Aunque afecta tanto a hombres y mujeres, son ellas las que sufren en mayor medida el hostigamiento y quienes más se animan a denunciar la situación. Así lo refleja el estudio Violencia Laboral: una amenaza a los Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades (CTIO), dependiente de la cartera laboral. Tomando como base las 320 consultas atendidas este año, se pudo revelar que el 59,4 por ciento de los casos las denuncias fueron realizadas por mujeres, mientas que en un 40,6 por ciento resultaron formuladas por varones.

Laura es una de las denunciantes. Ella trabajó durante casi una década en una AFJP, en su filial de San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense. La oficina se convirtió en un infierno cuando a fines de 2003 llegó el responsable de su maltrato, su nuevo jefe. “No sé si cumplía con una orden de la empresa o si le caí mal desde un principio, pero desde ese día comenzó a atacarme, a humillarme, a sacarme los clientes de mi cartera, a insultarme”, contó.

En el caso de Tamara –el nombre fue modificado pues ella prefiere preservar su identidad y la confidencialidad de la denuncia–, haber reclamado mejoras en las condiciones laborales fue motivo suficiente para que se desencadenara la agresión hacia ella. “Cuando pedí que me blanqueen, mi jefe se puso como loco, no paró de gritarme y me dijo que me iba a echar”, contó la denunciante, que trabaja como asistente de cocina.

El estudio, realizado a partir de cuestionarios suministrados a las víctimas, revela que en el 61,3 por ciento de los casos la violencia se originó luego de un reclamo laboral. “Aunque la muestra revela que en un 91,7 por ciento se trata de personas con trabajo formal, una parte de su labor está en negro y los problemas comienzan cuando ellos piden recategorización de su tarea, aumento de sueldo, el pago de las horas extra, los días de estudio”, detalló Nora Goren, socióloga a cargo de la investigación.

“Desde que me caí en la obra, me sacaron los elementos de trabajo”, contó Felipe, obrero de la construcción. “Cuando volví de mi licencia médica, mi jefe me dijo que era una inútil y desde ese momento no me dieron más cosas para hacer”, relató Juliana, empleada administrativa. Estos dos testimonios citados en el informe reflejan otras circunstancias que motivaron la violencia hacia ellos: un accidente laboral (en un 17,3 por ciento de los casos) o una enfermedad (en un 10 por ciento). Según explicaron las investigadoras, la víctima percibe la pérdida de confianza por parte de sus superiores. Si eran considerados empleados “óptimos y eficientes”, luego del incidente comienzan a ser cuestionados y se les encarga tareas de carácter inferior.

Laura sufrió el descrédito y la descalificación durante largos nueve meses. “Yo tenía a cargo los principales clientes de la compañía. Mi jefe comenzó a sacarme ese trabajo diciendo que era mucho para mí sola, y a darme tareas administrativas para que estuviera todo el día fuera de la oficina”, contó. Aunque se registró un porcentaje mínimo (el 5,3), el embarazo continúa siendo un motivo para ejercer la violencia hacia las mujeres y así propiciar la renuncia de las hostigadas. Así lo denunció Juliana, vendedora de un pequeño comercio: “Cuando le anuncié que estaba embarazada me dijo que entonces no iba a poder cumplir con mi tarea porque me iba a tener que dedicar a los chicos”, relató la mujer.

La violencia psicológica lidera el ranking, con un 82 por ciento de los casos, continúa la agresión física con el 10 por ciento y la sexual con el 8 por ciento. Al analizar los datos de acuerdo con el sexo de los denunciantes, las investigadoras pudieron reafirmar que las mujeres sufren en mayor proporción los tres tipos de hostigamiento. En el caso de la violencia sexual, las diferencias son abismales: el 95 por ciento corresponde a mujeres y un 5 por ciento a los hombres. El contraste disminuye en las otras dos situaciones, pero manteniendo la predominancia del lado de las mujeres: el maltrato psicológico afectó al 60 por ciento de mujeres y al 40 de hombres, y la violencia física alcanzó al 56 por ciento de mujeres y al 44 por ciento de hombres.

Ya sea por miedo, inseguridad o desconocimiento, las víctimas realizan las denuncias después de meses, incluso años, de maltrato. “Las víctimas no son conscientes de estar sufriendo violencia laboral, porque tienen naturalizadas la agresión. En el caso de las mujeres, a veces ellas pasan de un ámbito familiar violento a un espacio público también violento. En el caso del hombre, lleva la carga de ser el sostén de la familia y eso lo obliga a soportar situaciones de violencia para poder mantener su fuente de trabajo”, analizó Patricia Sáenz, abogada que asesora a las víctimas que se acercan a la oficina,que además participó en la investigación. “Yo tomé conciencia de que era víctima de mobbing (acoso moral en el trabajo) cuando una psicóloga me explicó lo que era”, contó Laura Amoedo.

Las mujeres y los hombres llegaron a la oficina de asistencia no sólo con el dolor de haber perdido el trabajo o con el miedo de perderlo al hacer la denuncia: en algunos casos cargan con un cóctel de enfermedades producidas por la situación de violencia. “No es dato menor que el 75 por ciento de las personas que concurren ya llegan con alguna manifestación de haber pasado por un médico, psiquiatra o psicólogo, lo que denota el tiempo de padecimiento”, explicó Goren. “Son todos síntomas derivados de la violencia que sufrieron, son sus efectos”, acotó Matilde Garuti, psicóloga de la oficina.

Según la investigación, el 95 por ciento de las personas presentaba al momento de la consulta alguna manifestación de síntomas físicos y/o psicológicos, consecuencia del maltrato, y un 75 por ciento de ellos tenía asistencia médica, psicológica y/o psiquiátrica. En este punto también es mayor el porcentaje de mujeres que están bajo tratamiento psiquiátrico: un 27 por ciento, contra el 18 por ciento de los varones. Los porcentajes se invierten en los casos de asistencia médica, punto en el cual los varones representan el 53 por ciento y las mujeres el 44 por ciento.

A tres años de haber perdido de su trabajo, Laura continúa sufriendo las secuelas del maltrato. “Sigo enferma, no puedo trabajar, no puedo dejar los calmantes, y a veces no tengo para comprar los medicamentos”, relató. Su única gratificación fue saber que el Instituto contra la Discriminación (Inadi), en un dictamen de este año, calificó la conducta de su jefe de “discriminatoria”, y que su juicio laboral por mobbing avanza a su favor.