Quienes integramos la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito” consideramos la salud como unos de los derechos humanos básicos y universales reconocidos, que forman parte de nuestra Constitución y la normativa legal vigente y que deben ser asegurados por los servicios públicos de salud de todos los niveles. En declaraciones públicas, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, dejó en evidencia que desconoce que el aborto séptico es la primera causa de muerte de las mujeres relacionada con la gestación. Por lo que es –sin lugar a discusión alguna– un problema de Salud Pública. El anterior ministro lo consideró así y lo denunció como un problema muy serio y grave de salud de las mujeres, especialmente entre las pobres. En la Conferencia Mundial de Población desarrollada en El Cairo en los ’90 y sus sucesivas reuniones 2000 y 2005, Argentina firmó las declaraciones con ese concepto.

La ministra también parece desconocer o ignorar que en distintas provincias, como Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos, las mujeres lucharon –apoyándose en dictámenes judiciales– para que el aborto en los casos no punibles, establecidos en el artículo 86 del Código Penal, no sean judiciables; es decir no vayan a la Justicia, para impedir así plazos que se alargan e impiden una intervención a tiempo. Y no está al tanto de que muchos ministros de Salud de varias provincias así lo establecieron y lo aseguraron mediante reglamentaciones en los hospitales.

Estas medidas no modifican el Código Penal. Cuando la ministra se refiere a que es una cuestión criminal, parece ignorar todo este adelanto en el tratamiento de la salud de las mujeres. Desconocer estas reglamentaciones es dejar la aplicación del Código Penal en cada caso a criterio de jueces y médicos, o sea sometidas a cualquier interpretación fundada en convicciones y/o presiones religiosas, lo que implica un gran retroceso en perjuicio de la salud y los derechos de las mujeres.

Por eso es también un problema de derechos humanos, de democracia.

Un amplio sector de la sociedad ya se expresó: 350 organizaciones han apoyado nuestra campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, entre ellas algunas figuras relevantes del arte, de la ciencia. Y en los Encuentros Nacionales de Mujeres donde esta consigna ha sido adoptada por miles de mujeres de todo el país, sin tener en cuenta los millares de firmas obtenidas en su apoyo. ¿La ministra piensa desconocer todo este progreso de derechos humanos de las mujeres y dar marcha atrás en las políticas de salud?