Con el patrocinio de Osvaldo César Guglielmino, procurador del Tesoro de la Nación, la Secretaría de Ambiente solicitó ayer la inhibición y embargo de bienes por 201 millones a los titulares o locatarios de los campos donde se quemaron de pastizales. “Han producido un grave daño ambiental de incidencia colectiva, pues afectan un bien colectivo, en este caso el humedal conformado por el delta del río Paraná”, acusa el texto presentado. Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que “se ha avanzado” en la causa y recordó que ésta “fue iniciada por un vecino de un campo que estaba cansado de decirles que no prendan fuego”. También avanza el fuego, que se ha reavivado en varios de los focos que se creían controlados. Aunque desde el domingo el humo se fue de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo alerta para advertir sobre su posible regreso.

La medida impulsada por Gobierno incluiría a los 300 dueños, locatarios y empresas del agro ya mencionados por Romina Picolotti y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y se extenderá a otros ruralistas. Esto último se debe a que también fue solicitado que, “en carácter de urgente”, se libren oficios a los respectivos registros generales de la propiedad inmueble de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, donde “se desarrollaron y actualmente se desarrollan las quemas”.

Además, Picolotti requirió que se convoque a prestar declaración indagatoria a toda persona responsable de las quemas de pastizales: eventuales propietarios, poseedores o arrendatarios, y a las autoridades y profesionales de las personas jurídicas que entren en la extensa lista. Estos reclamos recayeron en el Juzgado Federal de primera instancia de Campana, a cargo de Federico Faggionatto Márquez.

La denuncia sigue el criterio de delito ecológico de las anteriores y estima que la zona afectada “conforma uno de los ecosistemas más importantes que tiene la Argentina, y el segundo en Sudamérica en cuanto a humedales”. Desde la secretaría detallaron que tiene una extensión de 14 mil kilómetros cuadrados y 320 kilómetros de longitud. “Es una zona de una gran biodiversidad, con animales protegidos y en peligro de extinción”, agregaron.

Mientras tanto, muchos de los focos que parecían apagados en el sur entrerriano se reavivaron. Los bomberos aseguraron que la situación está controlada, aunque les resulta difícil extinguir las llamas por las condiciones climáticas. El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Roberto Destri, precisó que se detectaron dos nuevos focos en la zona sur de Villa Paranacito y admitió: “Esperamos que llueva el viernes para apagar el ‘colchón’ de tierra que no termina de consumirse y que genera el persistente humo”.

Por ahora hay un solo detenido. Se trata de un peón rural llamado Sergio Vera, conocido como “el uruguayo”, de 62 años, quien está acusado de “estrago doloso, daño y contaminación dolosa”. Sin embargo, Randazzo señaló que “el Gobierno está esperando que los otros tres que tienen orden de detención y que están prófugos se presenten ante la Justicia”. Por otra parte, el ministro lamentó que “algunos dirigentes del sector agropecuario tengan una defensa corporativa, cerrada y sin razón de no reconocer que han sido productores agropecuarios quienes han producido este hecho lamentable”.

Según comentó Randazzo, ayer conversó con el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien le contó “que esta práctica es habitual pero parece que esta vez se les fue de madre el incendio”.