En el Día de la Tierra, Greenpeace Argentina y organizaciones ecologistas del Litoral acusaron ayer al gobierno de Entre Ríos por la quema de humedales, ya que “no controla el cumplimiento de la Ley de Arrendamiento y deja que se quemen pastizales”, según señaló Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace Argentina. Por esa razón, reclamaron al gobierno provincial que “tome medidas que garanticen la preservación de los humedales del Delta del río Paraná” y presentaron un proyecto de ley a la Cámara de Diputados entrerriana que contempla la creación de un parque nacional en esa área.

“La Ley de Manejo del Fuego permite la quema controlada de pastizales, con previo permiso de la Dirección de Recursos Naturales provincial, que debe analizar las condiciones ambientales”, explicó Elba Stancich, del Taller Ecologista. Fue luego de una conferencia realizada en Buenos Aires, en paralelo a la presentación al gobierno entrerriano de una serie de requerimientos para que “se dicten medidas que preserven el Delta del Paraná”. Según Stancich, “lo de los permisos nunca se respetó”. Y para Villalonga, los productores “violaron también la cláusula de la Ley de Arrendamiento, que no permite quemar ni desmontar” a los arrendatarios.

La ley fue promulgada en 2004 y provocó la reacción de militantes pro medio ambiente. “Los incendios sin control fueron favorecidos por el gobierno de Entre Ríos, que en un año otorgó 153 arrendamientos en las islas fiscales del departamento Victoria y no controla que se cumpla esa cláusula”, denunciaron. Se trata de unas 111 mil hectáreas que se utilizan para la ganadería, dentro de las islas. “El Delta paranaense era la última franja ecológica, pero cuando la soja empezó a expandirse, los productores llevaron allí sus animales porque en el continente casi todo es soja”, dijo Jorge Cappato, de la Fundación Proteger.

La tendencia expansiva de la soja comenzó en 1996, cuando se liberó su cultivo transgénico, pero cobró mayor fuerza con el fin del uno a uno, cuando el precio en el mercado internacional la convirtió en la elegida del productor agropecuario. “El empresario siempre va a querer plantar más y, si lo dejan, va a quemar todo para tener más terreno”, caracterizó Villalonga. Aclaró que a los empresarios “no se les puede pedir que sean racionales”, y que “entonces deberían intervenir las autoridades”. Las organizaciones ecologistas denuncian al gobierno y a los legisladores de la provincia por “su incapacidad de prever que esto ocurriría con la Ley de Arrendamiento, la llave para legalizar la expansión”, según Cappato.

Los incendios provocados no son nuevos, pero la diferencia con quemas anteriores tiene que ver con la extensión y la época en que se hizo. Según Cappato “es una práctica tradicional agropecuaria que año a año se repite para que se renueven las pasturas”. El punto es que esta vez la extensión fue “mucho mayor porque se precisa una zona más extensa debido al gran aumento en la cantidad de cabezas de ganado, que se cuadriplicaron en el área desde 2004”, explicó, para concluir que “la zona está sobrecargada”.

Por eso, Greenpeace, el Taller Ecologista, las fundaciones Proteger, M’Biguá, Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Ala Plástica, y el Centro Ecologista Renacer solicitaron que se apliquen los criterios de sustentabilidad establecidos en la Ley de Bosques, se reformule el arrendamiento, se controle el cumplimiento de sus cláusulas, y que se recategorice como provincial a la zona de los humedales.

Adjunto al escrito con los requerimientos que presentaron ayer en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados provincial y al secretario de Ambiente, Fernando Raffo, se entregó un proyecto de ley que contempla la transformación de toda la zona afectada en parque nacional.

Informe: Luis Paz.