A casi dos semanas de presentado el pedido de aborto no punible, el caso de la nena de 12 años violada y embarazada en Mendoza sigue sin resolverse. “Es un claro caso de aborto no punible”, consideró Ana María Suppa, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y exhortó al Congreso a que reglamente la atención en los hospitales de esos casos para evitar su judicialización.

Ayer comenzaron a realizarle a la niña nuevas pericias psicológicas con una Cámara Gesell en el Hospital Notti, donde está internada por orden del juez de Familia Nº 1, Germán Ferrer. El magistrado debe resolver si autoriza o no la interrupción de la gestación. El pedido, elevado por la madre, se fundamenta en que encuadraría en los supuestos de no punibilidad previstos en los incisos 1º y 2º del Código Penal: se trataría de un aborto terapéutico debido a que su continuidad pone en riesgo su salud física y psíquica; además, el embarazo es producto de una violación, por la que está detenido e imputado su padrastro.

El magistrado ordenó que las pericias continúen hoy. La niña, como ya informó este diario, habría manifestado su decisión de continuar la gestación. Su cambio de parecer se habría producido después de que grupos “pro vida” irrumpieran en su habitación y la amedrentaran con panfletos de fetos mutilados y también a su mamá. También habrían recibido fuertes presiones de médicos del hospital contrarios a la práctica del aborto.

Expertos independientes convocados para expedirse sobre el caso junto a los miembros del Comité de Bioética del Notti expresaron ayer a PáginaI12 su malestar por las dilaciones en la resolución del caso. El cuadro es muy semejante a otro que ocurrió semanas atrás también en Mendoza. Otra niña, de 13 años, cuya identidad se mantiene en reserva, y que llamaremos Marina, fue atendida en el Hospital Lagomaggiore, en la capital mendocina, también con un embarazo que, según denunció en la Oficina Fiscal Nº 9 de Mendoza, sería producto de sucesivos abusos cometidos por su propio padre.

En el Lagomaggiore le negaron el aborto.

La titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva consideró que tanto aquel como el caso actual encuadran en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal. Suppa, cuando fue legisladora porteña, presentó un proyecto para reglamentar la atención de los abortos no punibles. Su iniciativa, que perdió estado parlamentario, fue presentada nuevamente por el legislador Pablo Failde, del Frente para la Victoria, y comenzó a discutirse en la Legislatura porteña días atrás junto con otros proyectos que plantean también establecer cómo deben proceder los hospitales públicos ante casos de este tipo. En el Congreso también se avanzó en la discusión. Pero está pendiente de ser tratado en la Comisión de Legislación Penal un proyecto de ley con dictamen de la Comisión de Salud. Para Suppa es necesario que cuanto antes se legisle “para garantizar la práctica de los abortos no punibles, si no las mujeres van a seguir siendo víctimas de la Justicia”, señaló en diálogo con PáginaI12.