La reforma sancionada ayer en la provincia no sólo tendrá efectos intramuros, sino también afuera de ellos. Un documento firmado por una serie de organismos de organismos de derechos humanos (el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) advirtieron que la nueva ley contraría el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que en abril de 2005 ordenó a los tres poderes de la provincia resolver el problema del hacinamiento en las cárceles. Aquella sentencia, conocida como “fallo Verbitsky”, indicaba que debían implementarse modificaciones a las normas para evitar la creciente superpoblación en las cárceles de presos sin condena. Y para adecuar las normativas a los dictados de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional. El caso incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En aquel momento, la Legislatura bonaerense sancionó cambios en ese sentido, que implicaba una marcha atrás con las leyes de la era Ruckauf. Ahora, la misma Legislatura votó una ley en sentido opuesto. La Corte Suprema y la Comisión Interamericana tendrán algo para decir al respecto.