Colombia es la excepción a la tendencia de la región: mientras que la Corte Constitucional despenalizó en 1994 el porte y consumo de una dosis mínima de alucinógenos (con el argumento de la protección al libre desarrollo de la personalidad), el gobierno de Alvaro Uribe promueve la penalización de todo tipo de consumo. En marzo de este año, el presidente llegó a proponer una reforma en la que reemplazaba la propuesta de cárcel por la de tribunales de tratamiento. Allí los consumidores serían sometidos a la evaluación de un grupo interdisciplinario de expertos, quienes determinarían si cabía la internación obligatoria en un centro de rehabilitación para el infractor. En marzo de este año, durante la reunión de Naciones Unidas que se convocó en Austria, los representantes colombianos presentaron el proyecto de los tribunales terapéuticos y también la intención de generar “un tratamiento colectivo al problema de producción, tráfico y consumo de estupefacientes, partiendo del criterio de que a los enfermos se les ofrecerá tratamientos terapéuticos, pero a los traficantes se les aplicarán penas de cárceles más severas”. Tratar “como enfermos a los enfermos y como delincuentes a los delincuentes” fue, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Fabio Valencia Cossio, la meta fundamental de la idea. Uribe, en realidad, apunta lograr que la prohibición de la tenencia y el consumo sea incluida en la Constitución.