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¿Cómo le cayeron las declaraciones recientes del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, que defendió la existencia de un prostíbulo como un lugar de contención social de jóvenes?

–Es un irresponsable, típico hombre que le brota lo peor del patriarcado, y que encima se pensaba que tenía la impunidad para decirlo sin tener el más mínimo cuidado por su investidura. El señor tiene que saber que está en un nivel del Estado donde debe velar por el cumplimiento de la legislación vigente en el país y los tratados internacionales a los que ha suscripto Argentina. Es el típico político que no podría hacer otra cosa que amparar estos delitos, por ello, la fiscal Alejandra Ongaro acaba de denunciarlo penalmente. Así como hay gente que piensa como el intendente de Lonquimay, hay mucha gente que cuestionó duramente sus expresiones, y creo que esos repudios están ligados al salto cualitativo que tiene este proceso de incluir en la agenda pública el tema de trata con fines de explotación sexual.

–¿Qué la llevó a ponerlo entre los temas prioritarios de su agenda como subdirectora de Género?

–Mi defensa irrestricta de los derechos humanos y de las mujeres en particular. La experiencia como periodista y el afán que tenemos cuando ejercemos el periodismo de correr el velo de aquello que permanece oculto, de aquello que no se habla, cuando es tan visible a los ojos. En el 2008 publiqué en Urbanas en Red la existencia de treinta y cinco prostíbulos en la provincia, pero esa información no repercutió. No obstante, hoy me encuentro con gente que reconoce que todo esto ya lo veníamos diciendo. A eso se sumó la percepción sobre el tema, que implica una dimensión política trascendental en distintos poderes y niveles del Estado, no sólo pensándolo en el territorio provincial, sino en el nacional. Creo que la pobreza impacta de tal manera en las mujeres, que no puede ningún Estado no tener políticas públicas claras para evitar que se profundice tamaña injusticia.