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El terremoto en Chile planteó un desafío al Estado chileno: poner en marcha el sistema educativo cuando las regiones afectadas acumulan más de 13 millones de habitantes, conformando cerca del 80 por ciento de la población total. Jugó a favor que se trata de un país cuyo ingreso a la educación básica (de 8 años de duración) es del 97,8 por ciento. Casi la mitad de las escuelas de las regiones afectadas estaban inutilizadas, dejando 1.250.000 alumnos sin clases.

Lilia Concha Carreño, coordinadora Nacional del Nivel de Educación Básica del Ministerio de Educación, señaló en el informe que el terremoto “provoca que exista en la zona una complejidad generada por un impacto emocional y social que cuesta mucho dimensionar”. De inmediato, las autoridades hicieron un censo y un catastro sobre la real magnitud del hecho: había 2500 escuelas y liceos inhabilitados.

En paralelo a la reparación de estos lugares, se tomaron algunas medidas para permitir cierta normalidad. Casi el 90 por ciento de las escuelas tienen jornada completa, pero se decidió pasarlas a la jornada simple, permitiendo que dos escuelas dictaran clases en un mismo edificio. “Se utilizaron edificios públicos (alcaldías, centrales de policías y bomberos). En algunas zonas rurales se instalaron aulas modulares y provisorias de muy rápida construcción, como en el caso de la Isla de Juan Fernández; o se han improvisado aulas adaptando buses”, dice el informe.

Dos meses después del terremoto, todos los alumnos chilenos se encontraban escolarizados.